La institución reaccionó al polémico video difundido por el propio Ministerio de Justicia, en el que el jerarca Gabriel Aguilar increpa a privados de libertad en la cárcel de Puntarenas y anuncia el traslado de dos de ellos a alta contención y posteriormente al CACCO.
La Defensoría de los Habitantes lanzó este miércoles una fuerte condena contra la actuación del ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, luego de la difusión de un video oficial grabado durante una visita a la cárcel de Puntarenas.
El material fue publicado este martes 29 de setiembre en las redes sociales del propio Ministerio de Justicia bajo el título “Los Jachudos van directo al CACCO”.
En el video se observa al jerarca recorriendo diferentes sectores del centro penitenciario, acompañado por un amplio contingente policial, mientras confronta verbalmente a varios privados de libertad.
En uno de los momentos de mayor tensión, Aguilar ordena sacar a dos reclusos, quienes son colocados en el suelo, y anuncia que serán trasladados al Circuito de Alta Contención y posteriormente al Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (CACCO).
Durante el recorrido, el ministro se muestra desafiante frente a los privados de libertad, golpea estructuras de los dormitorios y lanza objetos, según se aprecia en las imágenes difundidas por la propia cartera.
La Defensoría calificó lo ocurrido como conductas verbales violentas, humillaciones públicas y acciones que atentan contra la dignidad de las personas privadas de libertad.
La institución cuestionó especialmente que se ordenara de manera inmediata el traslado de reclusos a un régimen de alta contención, pues sostiene que este tipo de decisiones no pueden depender únicamente de la voluntad de una autoridad política.
Según explicó, existen procedimientos técnicos y jurídicos establecidos por el propio sistema penitenciario para determinar cuáles personas cumplen con los criterios necesarios para ser ubicadas en establecimientos de máxima seguridad o alta contención.
La Defensoría señaló que estos procesos deben pasar por valoraciones profesionales realizadas por órganos técnicos de Adaptación Social y que cada caso debe ser debidamente documentado antes de autorizar una reubicación.
Por esa razón, la institución considera que las acciones mostradas en el video podrían quebrantar los principios de legalidad y debido proceso.
Además, aseguró que los gritos, la exposición pública de los privados de libertad, su colocación forzada en el suelo y el lenguaje utilizado durante el operativo representan una vulneración directa a la dignidad humana.
La Defensoría también cuestionó el uso de plataformas digitales para exhibir este tipo de actuaciones dentro de los centros penitenciarios y sostuvo que la función penitenciaria debe responder a criterios técnicos, científicos y legales.
Ante lo ocurrido, la institución instó al ministro Gabriel Aguilar a cesar las prácticas de exposición pública y hostigamiento contra personas privadas de libertad.
También pidió suspender los traslados hacia el Circuito de Alta Contención mientras no se determine, mediante los procedimientos correspondientes, que los privados de libertad involucrados cumplen efectivamente con el perfil requerido.
La Defensoría cerró su pronunciamiento señalando que el combate contra la criminalidad y el mantenimiento del orden dentro de las cárceles deben ejecutarse respetando la Constitución, el debido proceso y los derechos humanos.
