Gabriel Aguilar presentó una protesta formal ante el presidente de la Corte Suprema y cuestionó que se utilizara una alerta migratoria para notificar a la funcionaria ad honorem.
El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, presentó una formal protesta ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Catalino Orlando Aguirre Gómez, por la alerta migratoria emitida contra Pilar Cisneros Gallo dentro de una investigación penal.
En el documento, Aguilar calificó la actuación de la Fiscalía General de la República como “abusiva y desproporcionada” y cuestionó que se recurriera a una alerta migratoria para notificar a Cisneros, quien actualmente se desempeña como funcionaria ad honorem del Poder Ejecutivo en Casa Presidencial.
La protesta fue dirigida contra la actuación de la Fiscalía General, encabezada por Carlo Israel Díaz Sánchez, y también solicita que se investigue la participación de la fiscal adjunta Edith Morera Rodríguez, quien habría emitido la orden relacionada con la alerta.
Ministro cuestiona necesidad de la alerta
Uno de los principales argumentos planteados por Aguilar es que, a su criterio, no existía justificación para utilizar una alerta migratoria con el propósito de realizar una notificación.
El ministro sostiene que tanto el lugar de trabajo como el domicilio de Cisneros son de conocimiento público, por lo que considera desproporcionado recurrir a una medida de este tipo para localizarla.
“Resulta particularmente grave que, para realizar un acto procesal tan común como una notificación, se haya recurrido a una alerta migratoria”, señala el documento enviado al presidente de la Corte Suprema.
La posición del ministro se presenta además después de que Cisneros fuera finalmente notificada este jueves, durante una conferencia de prensa frente a Casa Presidencial.
Un funcionario judicial se acercó a la exdiputada mientras atendía preguntas de los medios y le entregó personalmente la citación para presentarse este viernes a las 8 a. m. ante la Fiscalía General.
Pide investigar a dos fiscales
Aguilar solicitó que el caso sea puesto en conocimiento de tres instancias: la Inspección Judicial, la Corte Plena y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
El objetivo, según plantea el ministro, es que se determine si existió alguna actuación irregular en la decisión de emitir la alerta migratoria.
La solicitud incluye específicamente a la fiscal adjunta Edith Morera Rodríguez, a quien atribuye la emisión de la orden, y al fiscal general Carlo Israel Díaz Sánchez, por su eventual responsabilidad de vigilancia sobre las actuaciones desarrolladas dentro del Ministerio Público.
El ministro sostiene que ambos deben ser investigados para determinar si la actuación se ajustó a criterios estrictamente jurídicos y objetivos.
También cuestiona a Carlo Díaz
El documento enviado a la Corte Suprema va más allá de cuestionar la alerta migratoria y señala las declaraciones públicas que, según Aguilar, ha realizado el fiscal general sobre el Poder Ejecutivo.
“Esta actuación resulta aún más preocupante ante las reiteradas manifestaciones públicas de contenido político realizadas por el fiscal general contra el Poder Ejecutivo”, afirma el ministro.
A partir de ello, Aguilar plantea una preocupación sobre la posibilidad de que existan motivaciones ajenas a criterios estrictamente jurídicos en determinadas actuaciones del Ministerio Público.
“A usted, como máxima autoridad del Poder Judicial, le corresponde girar las instrucciones necesarias para determinar si estamos ante actuaciones estrictamente jurídicas y objetivas o ante un constante uso político del Ministerio Público”, señala el documento.
Reclamo desde el Poder Ejecutivo
La protesta adquiere relevancia por tratarse de un reclamo formal presentado por un integrante del Poder Ejecutivo ante la máxima autoridad del Poder Judicial.
Aguilar fundamenta su intervención en la función que tiene el Ministerio de Justicia y Paz como enlace entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, según lo establecido en la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Paz.
El ministro también cuestiona que el expediente sea tramitado directamente por la Fiscalía General, debido a que Cisneros no pertenece a uno de los Supremos Poderes.
La Fiscalía, por su parte, había explicado que la alerta migratoria fue emitida porque necesitaba citar a Cisneros para una declaración indagatoria y no había podido localizarla en su vivienda ni mediante su teléfono.
El Ministerio Público aclaró además que la alerta no significa que cada entrada o salida del país de Cisneros deba ser informada a la Fiscalía.
La investigación continúa
La causa está relacionada con el presunto financiamiento irregular de la campaña electoral del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) de 2022.
La alerta migratoria no constituye una condena ni determina responsabilidad penal contra Cisneros.
Ahora, además de la investigación penal, la solicitud presentada por el ministro de Justicia abre un nuevo frente institucional, pues plantea que distintas instancias del Poder Judicial analicen la actuación de los funcionarios del Ministerio Público involucrados en la decisión.
Mientras tanto, Cisneros deberá presentarse este viernes a las 8 a. m. ante la Fiscalía General, acompañada de un abogado, según establece la notificación que recibió durante su conferencia de prensa.
El reclamo de Aguilar coloca nuevamente en el centro del debate la relación entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público, así como la discusión sobre los límites y fundamentos de las actuaciones fiscales dentro de investigaciones que involucran a figuras vinculadas con el Gobierno.
