PLN, FA, PUSC y CAC aseguran que el oficialismo desacató una resolución que ordenaba continuar con el proceso para elegir nueve magistrados suplentes.
Las fracciones del llamado bloque democrático, integrado por el PLN, FA, PUSC y CAC, preparan una gestión por desobediencia ante la Sala Constitucional contra Pueblo Soberano (PPSO), al considerar que el oficialismo incumplió una resolución relacionada con la elección de magistrados suplentes.
La acción será presentada ante la Sala IV y busca denunciar lo que las diputaciones opositoras califican como un incumplimiento de una orden judicial y constitucional.
El conflicto se intensificó luego de que Pueblo Soberano no respaldara a ninguno de los 18 aspirantes que integraban la nómina vigente para escoger nueve suplencias.
En lugar de votar por los candidatos, los diputados oficialistas apoyaron una moción impulsada por José Miguel Villalobos para devolver la lista a la Comisión de Nombramientos y continuar allí con el procedimiento.
Las fracciones del bloque democrático sostienen que esa decisión contradice la resolución de la Sala IV, además de incumplir la Constitución, la legislación y acuerdos alcanzados previamente en la reunión de jefaturas de fracción.
Sesión terminó entre rupturas de cuórum
La tensión aumentó durante el plenario después de que la presidenta en ejercicio del Congreso, Esmeralda Britton, sometiera a votación la moción de Villalobos.
Posteriormente, varios diputados de oposición estaban anotados para defender cinco revisiones. Sin embargo, según el relato de las fracciones opositoras, Britton no les concedió el uso de la palabra y pretendía avanzar directamente hacia la votación.
La sesión terminó después de varias rupturas de cuórum. Britton levantó el plenario a las 10:47 a. m., mientras que las revisiones quedaron pendientes para la próxima sesión.
Álvaro Ramírez, jefe de fracción del PLN, recordó que la elección de magistrados suplentes requiere 38 votos y cuestionó que la moción aprobada por el oficialismo resolviera el procedimiento.
El diputado también atribuyó la negativa de Pueblo Soberano a una disputa entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
José María Villalta, jefe de bancada del FA, también cuestionó la actuación oficialista y sostuvo que, desde su interpretación, el PPSO busca colocar magistrados afines al Gobierno.
Abril Gordienko, del PUSC, afirmó que lo ocurrido atenta contra el orden constitucional y la ley. Además, señaló que se rompió un acuerdo de la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, para establecer una ruta para la elección de los magistrados.
“Nuevamente rompen los puentes de diálogo”, manifestó Gordienko.
La diputada también sostuvo que la falta de magistrados suplentes tiene consecuencias para la ciudadanía, al considerar que no existen las suplencias necesarias para atender determinados recursos ante la Sala IV.
Claudia Dobles, del CAC, se sumó a los cuestionamientos y afirmó que Pueblo Soberano incumplió el orden constitucional, la ley y los acuerdos legislativos. También señaló que existiría coordinación con el Poder Ejecutivo para incumplir resoluciones de los tribunales.
¿Qué ordenó la Sala IV?
En una resolución del 30 de julio, la Sala Constitucional anuló el mecanismo utilizado por el oficialismo para bloquear la elección y ordenó continuar el procedimiento a partir de la nómina vigente.
Además, prorrogó las suplencias constitucionales que ya habían vencido hasta que la Asamblea Legislativa cumpla con la designación de los reemplazos.
Antes de esa resolución, Pueblo Soberano había votado en blanco en cinco rondas, impidiendo concretar la elección de los aspirantes.
Tras la votación de este martes, el oficialismo devolvió la nómina de 18 candidatos a la Comisión de Nombramientos, donde deberá continuar el trámite.
Pueblo Soberano sostiene que necesita una lista de 24 aspirantes para escoger 12 plazas, en lugar de los 18 candidatos que conforman actualmente la nómina.
Mientras tanto, la Sala IV trabaja en incorporar seis nuevos aspirantes para completar las 24 candidaturas planteadas por el PPSO.
El siguiente paso quedará en manos de las fracciones del bloque democrático, que anunciaron que acudirán ante la Sala Constitucional para plantear la gestión por desobediencia contra el oficialismo.
