La Asociación de Jubilados en Acción del Magisterio Nacional presentó una acción de inconstitucionalidad para que las pensiones otorgadas bajo las leyes 2248 y 7268 reciban ajustes por costo de vida mediante el Índice de Precios al Consumidor.
Más de 30.000 jubilados del Magisterio Nacional llevaron hasta la Sala Constitucional una disputa que toca directamente sus bolsillos: aseguran que sus pensiones permanecen congeladas desde enero de 2021, pese a los cambios registrados en el costo de vida durante los últimos años.
La Asociación de Jubilados en Acción del Magisterio Nacional (AJA) interpuso este martes 22 de septiembre una acción de inconstitucionalidad con la que pretende conseguir que se establezca un mecanismo automático para revalorizar las pensiones del Régimen Transitorio de Reparto (RTR) otorgadas bajo las leyes N.° 2248 y N.° 7268.
La agrupación sostiene que la situación afecta a más del 65% de las personas pensionadas de ese régimen y señala que sus ingresos permanecen sin ajustes desde enero de 2021.
La acción presentada cuestiona específicamente los artículos 2 y 79 de la Ley N.° 7531, Reforma Integral del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional.
El planteamiento de AJA sostiene que el marco jurídico actual genera una diferencia entre pensionados pertenecientes al mismo Régimen Transitorio de Reparto.
Mientras quienes reciben pensiones bajo las leyes 2248 y 7268 no cuentan con el mecanismo que reclama la asociación, aproximadamente 16.000 personas cubiertas por la Ley 7531 sí reciben revalorizaciones automáticas semestrales basadas en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), de acuerdo con AJA.
La propia Ley 7531 establece en su artículo 79 que las prestaciones contempladas en ese título deben revalorizarse de acuerdo con el aumento en el costo de vida, en un porcentaje equivalente al IPC y de manera automática cada seis meses.
Piden aumentos automáticos cada seis meses
Con la acción de inconstitucionalidad, la Asociación pretende que la Sala ordene al Ministerio de Hacienda aplicar también a las pensiones de las leyes 2248 y 7268 incrementos automáticos semestrales conforme al IPC.
Miguel Ángel Sobrado Chaves, presidente de AJA, afirmó que la organización considera que existe un trato desigual entre los diferentes grupos de jubilados.
“Es inaceptable que se mantenga a dos terceras partes del régimen con sus ingresos congelados mientras el costo de vida sigue en aumento”, manifestó Sobrado al explicar las razones de la acción.
La supuesta existencia de discriminación, así como la eventual vulneración de derechos constitucionales, forma parte de los argumentos planteados por la asociación y deberá ser valorada por la Sala Constitucional.
AJA sostiene que el reajuste por costo de vida debe ser considerado parte de la protección del derecho a la pensión y argumenta que el congelamiento reduce progresivamente el poder adquisitivo de quienes reciben estos ingresos.
El costo de vida está en el centro de la disputa
Según los datos incluidos por la Asociación en su planteamiento, entre enero de 2021 y diciembre de 2025 el costo de vida acumuló un crecimiento de 9,04%.
Los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) confirman que el IPC registró variaciones importantes durante ese periodo, aunque en 2025 el país terminó con una inflación interanual negativa de -1,23%. (INEC)
La organización sostiene que el efecto acumulado de los años anteriores ha significado una pérdida de capacidad adquisitiva para miles de adultos mayores cuyos montos nominales de pensión no han aumentado.
Congreso ya había intentado descongelarlas
El tema incluso llegó anteriormente a la Asamblea Legislativa.
El expediente N.° 24.353 buscaba descongelar las pensiones del Régimen Transitorio de Reparto otorgadas bajo las leyes 2248 y 7268. La iniciativa establecía que las pensiones iguales o inferiores a ₡2 millones pudieran revalorizarse automáticamente conforme al IPC, incluso cuando no existieran aumentos salariales. (Asamblea Legislativa de Costa Rica)
El proyecto fue aprobado legislativamente, pero recibió un veto del Poder Ejecutivo el 28 de abril de 2026, según consta en los registros oficiales de la Asamblea Legislativa. (Asamblea Legislativa de Costa Rica)
Ese antecedente es precisamente uno de los elementos mencionados por la Asociación al justificar por qué decidió recurrir ahora a la vía constitucional.
“Confiamos en que la Sala Constitucional acogerá nuestro reclamo, resguardará nuestros derechos adquiridos y corregirá este vacío legal en favor de la equidad”, indicó Sobrado.
Por ahora, la presentación de la acción no significa que las pensiones vayan a aumentar inmediatamente. Corresponderá a la Sala Constitucional determinar el trámite que dará al expediente y posteriormente resolver los cuestionamientos formulados contra las normas señaladas.
