La legisladora del PPSO cuestiona comentarios de la diputada de la CAC relacionados con los salarios que recibió en la CCSS y con una resolución sobre Fabricio Alvarado. La denuncia fue presentada ante la Asamblea Legislativa.
La disputa política entre Marta Esquivel, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), y Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), llegó a una nueva instancia dentro de la Asamblea Legislativa.
Esquivel presentó una denuncia contra Dobles por supuestos actos de violencia contra mujeres en política que, según sostiene, la afectaron a ella y también a la presidenta del Congreso, Yara Jiménez.
La Nación informó que tuvo acceso a una copia de la gestión presentada por Esquivel el pasado 11 de agosto ante el despacho de la Presidencia de la Asamblea Legislativa, documento en el que la diputada oficialista detalla los hechos que considera constitutivos de esa forma de violencia.
Uno de los principales cuestionamientos se relaciona con declaraciones de Dobles sobre los salarios que Esquivel recibió cuando ocupó la presidencia ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Esquivel considera que exigirle públicamente que devuelva los montos cuestionados constituye violencia política contra ella en su condición de mujer electa popularmente.
El enfrentamiento escaló el pasado 5 de agosto, cuando Esquivel anunció en el plenario que denunciaría a Dobles. Ese mismo día, la legisladora de la CAC respondió que estaba dispuesta a enfrentar el proceso, pero pidió que la oficialista también afrontara las causas que existen en su contra.
“Lo único que sí le diría a doña Marta, yo no tengo ningún problema con enfrentar esa denuncia, pero hagámoslo recíproco. Renuncie usted a su inmunidad para hacerle frente a las 14 denuncias que tiene y que en este momento no pueden ser llevadas a cabo. Y de paso sería bueno que le pagara a la Caja”, afirmó Dobles.
De acuerdo con el reporte de La Nación, ese comentario forma parte de los elementos que Esquivel incluyó en su denuncia, al considerar que la expresión no fue simplemente una diferencia política, sino un señalamiento que habría afectado su credibilidad como diputada.
También cuestiona comentario sobre Yara Jiménez
La denuncia no se limita a los enfrentamientos entre Esquivel y Dobles.
La diputada del PPSO también señaló como un supuesto acto de violencia política contra Yara Jiménez una intervención realizada por Dobles durante una sesión del plenario del 2 de junio.
En aquella ocasión, Dobles cuestionó la resolución mediante la cual Jiménez archivó una investigación contra el exdiputado de Nueva República Fabricio Alvarado por un supuesto caso de acoso sexual.
“A usted, presidenta, le pueden dar un texto para que lea por dos horas, pero esto no tiene ningún fundamento jurídico, es claro”, manifestó Dobles en referencia a la resolución.
Esquivel interpreta esa frase como una insinuación de que Jiménez no habría elaborado personalmente el documento y sostiene que el comentario afectó la credibilidad de la presidenta legislativa.
Según la denuncia, ambas situaciones superarían el ámbito de una confrontación parlamentaria y podrían constituir un menoscabo de la credibilidad política de las diputadas.
¿Qué ocurre con el reclamo sobre la CCSS?
El señalamiento sobre los salarios de Esquivel tiene como antecedente un proceso de lesividad iniciado por la CCSS.
La Nación detalló que Esquivel presentó como parte de sus pruebas un oficio de la presidenta ejecutiva de la Caja, Mónica Taylor, fechado el 31 de octubre de 2025, en el cual se indicó que para ese momento la legisladora no tenía deudas por concepto de salarios con la institución.
Sin embargo, ese mismo documento aclaró que dicha certificación no constituía un antecedente relacionado con el proceso de lesividad que la Junta Directiva de la CCSS ordenó en marzo de 2024.
Ese proceso continúa en la vía judicial y busca determinar la legalidad de los montos salariales que Esquivel recibió durante su gestión al frente de la Caja.
El caso se remonta a un salario mensual de ¢7.158.848 que habría recibido durante más de un año, pese a que la legislación establecía un límite salarial para funcionarios públicos.
En octubre de 2025, Esquivel contrademandó a la CCSS y reclamó una indemnización de ¢119 millones. En ese proceso solicitó además el reconocimiento de diferencias salariales que dejó de percibir y compensaciones por supuesto daño moral.
La denuncia contra Dobles deberá ahora seguir el trámite correspondiente dentro del Poder Legislativo. La Nación también reportó que la diputada de la CAC posteriormente respondió que está dispuesta a que se investigue el caso, aunque advirtió sobre lo que considera un uso inadecuado de los mecanismos contra la violencia política. (La Nación)
Dobles sostuvo que la violencia política de género existe y debe combatirse, pero señaló que, desde su perspectiva, no toda crítica dirigida contra una mujer que ocupa un cargo público puede ser considerada violencia política de género. (La Nación)
El proceso deberá determinar si los hechos denunciados encajan o no dentro de las conductas contempladas por la normativa sobre violencia contra las mujeres en la política.