Un nuevo informe de expertos de Naciones Unidas sostiene que policías, fiscales, servicios de inteligencia y otras instituciones actuaron de manera coordinada contra opositores y críticos. Al menos 29 personas continúan con paradero desconocido
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas presentó este martes un duro informe en el que documenta 161 casos de desaparición forzada desde abril de 2018 y atribuye al Estado nicaragüense responsabilidad por al menos ocho muertes de personas que se encontraban bajo custodia.
La investigación concluye que las desapariciones, detenciones arbitrarias, torturas y persecuciones por motivos políticos forman parte de un ataque que los expertos describen como generalizado y sistemático contra sectores de la población civil. Según sus conclusiones, esas conductas pueden constituir crímenes de lesa humanidad.
Uno de los aspectos más graves señalados por el informe es que las actuaciones no habrían ocurrido de forma aislada. Los investigadores sostienen que instituciones como la Policía, fiscales y servicios de inteligencia operaron de manera coordinada y bajo una cadena de mando que alcanzaría niveles superiores del Gobierno.
29 personas siguen sin aparecer
De los 161 casos de desaparición forzada verificados desde las protestas de 2018, el Grupo de Expertos señala que 29 personas permanecen con paradero desconocido.
Los especialistas pidieron al Gobierno de Nicaragua informar dónde se encuentran esas personas y liberar a quienes permanezcan detenidos por razones políticas.
El informe señala además que el patrón habría cambiado con los años. Las desapariciones inicialmente podían extenderse durante períodos cortos, pero desde 2023 los expertos observan casos prolongados durante meses o incluso años, además de operativos policiales dirigidos contra críticos del Gobierno.
Entre las personas afectadas, según Naciones Unidas, figuran opositores, miembros de iglesias, dirigentes indígenas y antiguos funcionarios civiles y militares.
Ocho muertes bajo custodia
La investigación también documentó ocho fallecimientos de personas mientras se encontraban bajo custodia del Estado.
Entre esos casos figura el del dirigente indígena miskito Brooklyn Rivera, quien murió en mayo de 2026 después de permanecer detenido durante aproximadamente 32 meses y con escaso contacto con sus familiares.
El Gobierno informó que Rivera padeció complicaciones de salud relacionadas con infecciones; sin embargo, el informe señala que una evaluación independiente de Physicians for Human Rights encontró inconsistencias médicas en esa explicación.
Los expertos advirtieron además que no hubo una investigación ni una autopsia independiente que permitieran verificar plenamente las circunstancias de su muerte y reclamaron que sus restos sean entregados a la familia para realizar los ritos funerarios conforme a la tradición miskita.
Entre los otros fallecimientos examinados se encuentra el de Humberto Ortega, hermano del copresidente Daniel Ortega y antiguo jefe del Ejército, así como los casos de Hugo Torres y Carlos Cárdenas Zepeda.
Informe surge en medio de nuevos cambios políticos
Las conclusiones se conocen después de nuevas modificaciones al sistema político nicaragüense. En septiembre, la Asamblea Nacional aprobó una reforma constitucional que impide participar electoralmente a partidos considerados contrarios al Gobierno. Meses antes, Daniel Ortega había declarado que el país dejaría de realizar elecciones para impedir que la oposición retomara el poder.
Ortega gobierna nuevamente Nicaragua desde 2007 y actualmente comparte la Presidencia con su esposa, Rosario Murillo.
La misión diplomática de Nicaragua en Ginebra no respondió de inmediato a una solicitud de Reuters para comentar las conclusiones del nuevo informe. En el caso particular de Brooklyn Rivera, Murillo sostuvo previamente que el dirigente recibió atención médica y apoyo familiar durante su enfermedad.
