La mandataria declaró inadmisible el conflicto planteado por Orlando Aguirre contra el ajuste impulsado por Hacienda, al considerar que el mecanismo constitucional invocado corresponde al presupuesto ordinario y no al extraordinario que está en discusión.
La disputa entre el Poder Judicial y el Gobierno por una propuesta de recorte de ₡23.722 millones tuvo este lunes un nuevo capítulo, luego de que la presidenta Laura Fernández Delgado rechazara por inadmisible el conflicto planteado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez.
La decisión consta en la resolución administrativa DP-R-016-2026, divulgada este lunes 21 de setiembre por Casa Presidencial.
Aguirre había acudido a este mecanismo dentro de la controversia generada por la intención del Ministerio de Hacienda de reducir ₡23.722 millones del presupuesto vigente del Poder Judicial mediante un proyecto de presupuesto extraordinario.
Sin embargo, Fernández determinó que el conflicto presentado no podía tramitarse por esa vía.
La razón está en el artículo 177 de la Constitución Política, que establece que, durante la preparación del proyecto de presupuesto ordinario, corresponde al Poder Ejecutivo elaborar la propuesta y que, si surge un conflicto sobre las partidas de instituciones como la Corte Suprema de Justicia, la decisión definitiva corresponde a la Presidencia de la República.
Según la resolución comunicada este lunes, el caso planteado por Aguirre corresponde a un proyecto de presupuesto extraordinario y, por ese motivo, Presidencia concluyó que ese mecanismo constitucional no resulta aplicable.
La decisión no equivale, por sí misma, a que Fernández haya ejecutado o aprobado definitivamente el recorte de ₡23.722 millones. La rebaja forma parte de una propuesta de presupuesto extraordinario que debe ser conocida por la Asamblea Legislativa.
El enfrentamiento por estos recursos comenzó en agosto, cuando Hacienda comunicó al Poder Judicial un denominado “ajuste técnico complementario” por ₡23.722 millones.
El presidente de la Corte impugnó la medida y sostuvo que se trataba de una reducción unilateral de recursos presupuestarios. Aguirre también planteó que, si Hacienda mantenía su posición, la controversia debía ser conocida por la presidenta mediante el mecanismo previsto en el artículo 177 constitucional.
Hacienda, por su parte, ha señalado que el ajuste busca completar la reducción del gasto solicitada a las instituciones públicas dentro de las medidas fiscales planteadas por el Gobierno. El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, había anunciado que la rebaja sería incorporada en un presupuesto extraordinario que se enviaría al Congreso.
La Corte ha advertido que, si la reducción finalmente se concreta, el Organismo de Investigación Judicial sería la dependencia que absorbería la mayor disminución, con ₡9.536,3 millones.
También se plantean rebajas de ₡8.728,8 millones en administración y operación; ₡3.287,9 millones en juzgados y tribunales; ₡1.087 millones en Defensa Pública; ₡558,1 millones en el Ministerio Público y ₡335,7 millones en atención y protección de víctimas y testigos.
El Poder Judicial sostiene que esas reducciones podrían afectar servicios relacionados con investigación criminal, persecución penal y acceso a la justicia. Hacienda y el Ejecutivo defienden el ajuste dentro de su estrategia de contención del gasto público.
Con la resolución de este lunes, Fernández cierra específicamente el conflicto constitucional que llegó a su despacho, pero la discusión sobre los ₡23.722 millones continúa en el terreno presupuestario y legislativo.
