El sindicato presentó un recurso de amparo contra la Presidencia y el ministro Rodrigo Chaves. Solicita que se valore, mediante una evaluación psicológico-forense multimétodo, si determinadas conductas públicas podrían estar relacionadas con patrones de personalidad que incidan en el ejercicio de sus funciones.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) presentó este lunes un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra la Presidencia de la República y contra Rodrigo Chaves Robles, en su condición de ministro de la Presidencia y ministro de Hacienda.
La principal pretensión planteada por la organización sindical es que se determine, mediante una evaluación psicológico-forense multimétodo, si algunas de las conductas atribuidas a Chaves y documentadas en el recurso podrían estar asociadas con determinados rasgos o patrones de personalidad.
La solicitud busca que ese análisis valore especialmente si esas características podrían tener alguna relación con aspectos como el juicio ponderado, la proporcionalidad de las decisiones, la tolerancia al control institucional y el trato igualitario en el ejercicio de los dos ministerios que actualmente ocupa.
Para sustentar su planteamiento, ANEP incorporó al recurso una recopilación de acontecimientos, declaraciones y actuaciones públicas atribuidas a Chaves entre 2022 y septiembre de 2026.
Según la organización, esos hechos involucran situaciones relacionadas con diputados, autoridades de órganos de control, integrantes del Poder Judicial, periodistas, medios de comunicación, universidades, mujeres y distintos sectores de la ciudadanía.
La ANEP sostiene que los acontecimientos deben ser analizados de manera integral para determinar si existe algún patrón que pueda resultar relevante para el ejercicio de la función pública.
Recurso también incluye a la Presidencia
La acción constitucional también fue presentada contra la Presidencia de la República, encabezada por Laura Fernández Delgado, debido a que, según el planteamiento de ANEP, fue esa instancia la que nombró a Chaves como ministro.
La organización fundamenta esta parte del recurso en el artículo 139 de la Constitución Política, al señalar que la Presidencia tiene la potestad constitucional de nombrar y remover ministros.
ANEP relaciona además esa responsabilidad con las obligaciones atribuidas al Poder Ejecutivo respecto al orden, la tranquilidad de la nación y el resguardo de las libertades públicas.
La organización solicita que se valoren medidas destinadas a garantizar el funcionamiento institucional y el cumplimiento del artículo 50 de la Constitución Política, particularmente en cuanto a la obligación estatal de procurar el mayor bienestar de las personas habitantes del país.
También plantea restricciones relacionadas con decisiones que puedan afectar a órganos de control y al Poder Judicial mientras se resuelve el asunto principal.
La presentación del recurso no significa que las pretensiones de ANEP hayan sido acogidas. Será la Sala Constitucional la que determine si la acción es admisible y, posteriormente, qué corresponde resolver sobre las solicitudes planteadas.
El recurso se suma a otras acciones constitucionales presentadas recientemente por ANEP ante la Sala, entre ellas una relacionada con la demolición del edificio Jorge Manuel Dengo Obregón del ICE, en la que la Sala ordenó detener temporalmente la demolición mientras analiza el amparo
