Angie Cruickshank alertó ante la Comisión de Asuntos Hacendarios sobre posibles impactos en las oficinas centrales y regionales si se modifica el monto previsto para la institución en 2027.
La Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, advirtió sobre posibles afectaciones en la operación de la institución y en sus labores de defensa y promoción de derechos ante eventuales cambios en el presupuesto asignado para el año 2027.
La jerarca expuso la situación el miércoles 16 de septiembre ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, donde señaló que una reducción presupuestaria podría generar impactos importantes tanto en las Oficinas Centrales como en las seis Oficinas Regionales de la Defensoría.
Cruickshank reconoció durante su intervención las restricciones fiscales que enfrenta el país y aseguró que la institución comparte la preocupación por optimizar el uso de los recursos públicos.
En esa línea, indicó que el anteproyecto de presupuesto presentado contempla criterios de austeridad, contención del gasto y orientación hacia resultados.
La Defensora también expuso una serie de medidas implementadas durante su gestión para mejorar la sostenibilidad operativa y financiera de la institución.
Entre ellas mencionó el ajuste de la nomenclatura de 10 plazas hacia categorías inferiores, una medida que, según explicó, genera menor presión sobre los gastos corrientes relacionados con remuneraciones.
También destacó una reorganización del organigrama institucional. De acuerdo con los datos presentados, la Defensoría pasó de contar con 14 direcciones institucionales en 2023 a 11 en 2026, lo que representa una reducción de una quinta parte de los puestos de dirección.
Otro de los indicadores señalados fue la mejora en la ejecución presupuestaria. La institución pasó de una ejecución del 81% en 2023 al 91% en 2025, superando por primera vez en los últimos ocho años el umbral del 90%, según la información expuesta por la jerarca.
Cruickshank vinculó estos esfuerzos con una mejora en la credibilidad institucional y señaló que la Defensoría se encuentra entre las tres instituciones públicas no universitarias mejor valoradas por la población en recientes encuestas del IDESPO de la Universidad Nacional.
Durante su exposición también puso énfasis en la capacidad de atención de la institución frente a la población. Señaló que actualmente existe un profesional de defensa o promoción de derechos por cada 50.000 habitantes a nivel nacional.
En las seis Oficinas Regionales, agregó, la relación llega a un profesional por cada 150.000 habitantes, una situación que, según la Defensoría, vuelve relevante garantizar el acceso a sus servicios especializados frente a las brechas territoriales, económicas, geográficas y tecnológicas existentes en el país.
La jerarca sostuvo que los ₡6.246 millones contemplados en el anteproyecto de presupuesto representan el monto mínimo requerido para que la institución pueda operar de acuerdo con el mandato establecido en la Ley N.° 7319 y las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos.
Cruickshank enfatizó que la defensa del presupuesto no constituye un fin en sí mismo, sino que está relacionada con las funciones que debe cumplir la institución, entre ellas la protección de las personas frente a actuaciones u omisiones del sector público, la atención de personas y comunidades y la investigación de posibles vulneraciones de derechos individuales y colectivos.
También mencionó entre las labores de la Defensoría la ejecución de acciones sumarias, la emisión de alertas tempranas, el apoyo a la actividad legislativa como órgano auxiliar, la educación en derechos humanos, así como el control de legalidad y convencionalidad.
