Orlando Aguirre asegura que el problema no es únicamente el recorte presupuestario, sino las condiciones impuestas para que el Poder Judicial pueda disponer de recursos que ya fueron aprobados.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, cuestionó las condiciones anunciadas por el Gobierno para la entrega del presupuesto del Poder Judicial correspondiente al 2027 y advirtió que las nuevas disposiciones podrían representar una afectación a la independencia de la institución.
Las declaraciones del magistrado se producen luego de que la presidenta Laura Fernández anunciara que el recorte al presupuesto judicial será menor al planteado inicialmente por el Ministerio de Hacienda.
La reducción, que originalmente estaba prevista en ₡27.000 millones, pasaría a ser de ₡11.000 millones. Sin embargo, la transferencia de esos recursos se realizaría por tractos y estaría sujeta a una serie de condiciones.
Entre los requisitos anunciados se encuentran auditorías al fideicomiso para infraestructura judicial que se encuentra en el Banco de Costa Rica (BCR), una certificación de la Contraloría General de la República y un trámite legislativo ante la Comisión de Ingreso y Gasto y posteriormente en el Plenario.
Para Aguirre, estas condiciones representan una preocupación que va más allá del monto que finalmente se recorte al Poder Judicial.
El presidente de la Corte considera que exigir aprobaciones adicionales de órganos legislativos y del Ministerio de Hacienda para liberar recursos que ya fueron incorporados al presupuesto constituye una serie de trabas burocráticas y políticas que no deberían aplicarse a la institución.
“Esto es una intervención”
Aguirre sostiene que las medidas anunciadas van más allá de una fiscalización ordinaria del gasto público.
Según explicó, fiscalizar implica verificar que los recursos sean utilizados de manera legal y adecuada, mientras que establecer condiciones sobre cuándo puede utilizar los fondos el Poder Judicial, cómo puede reorganizarlos o cómo administrar sus plazas podría convertirse en una injerencia administrativa de otros poderes del Estado.
La posición de la Corte, según Aguirre, no busca defender privilegios ni gastos innecesarios, sino preservar la autonomía técnica y operativa que la Constitución garantiza al Poder Judicial.
El magistrado también recordó que la institución ha estado sometida históricamente a mecanismos de rendición de cuentas, auditorías y fiscalización de la Contraloría, además de las normas fiscales vigentes.
De acuerdo con sus declaraciones, el Poder Judicial ha ejecutado históricamente más del 95 % de su presupuesto.
Advierten impacto en seguridad y justicia
Aguirre también señaló que una eventual falta de liquidez o dificultades para disponer oportunamente de los recursos podrían tener consecuencias directas en distintos servicios.
Entre las áreas que podrían verse afectadas mencionó la investigación criminal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la tecnología, la protección de víctimas y el funcionamiento de los tribunales.
El presidente de la Corte resumió la posición de la institución señalando que la discusión no debería centrarse únicamente en cuánto dinero recibirá el Poder Judicial, sino en las condiciones bajo las cuales podrá utilizar los recursos asignados.
“Este debate no es sobre cuánto dinero se presupuesta al Poder Judicial, es sobre cuándo puede disponer de esos recursos y qué puede hacer con ellos”, afirmó Aguirre.
El magistrado añadió que defender la capacidad presupuestaria del Poder Judicial significa, desde su perspectiva, defender los servicios de justicia, la seguridad y los derechos de la ciudadanía.
