La institución solicitó detalles sobre las restricciones de acceso, identificaciones, detenciones y medidas aplicadas por la Fuerza Pública durante las actividades en la Plaza Mayor.
La Defensoría de los Habitantes solicitó al Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública un informe detallado sobre el operativo de seguridad desplegado el pasado 14 de setiembre en la Plaza Mayor de Cartago, con el objetivo de determinar si durante las actividades se respetaron los derechos fundamentales de las personas participantes.
La solicitud fue enviada este martes 15 de setiembre al ministro Gerald Campos Valverde, mediante el oficio DH-1187-2026.
Según la Defensoría, la petición surge a raíz de información difundida en medios de comunicación y redes sociales sobre presuntas restricciones de acceso, solicitudes de identificación a personas asistentes, enfrentamientos y detenciones de personas que aparentemente participaban en manifestaciones.
¿Qué quiere saber la Defensoría?
El Ministerio de Seguridad tendrá un plazo de tres días hábiles para remitir la información solicitada.
Entre los puntos que deberá aclarar se encuentra el alcance y las características del operativo, así como el protocolo o documento que sirvió de fundamento para su ejecución.
También deberá explicar cuál fue la valoración de riesgo que motivó las medidas adoptadas y quién fue la autoridad que ordenó el operativo y quién asumió la mayor responsabilidad durante su ejecución.
Otro de los aspectos que interesa a la Defensoría es determinar si se establecieron controles para ingresar a la Plaza Mayor o identificar a las personas y, en caso de que así fuera, cuál fue el fundamento jurídico utilizado.
Además, pidió conocer los criterios aplicados para permitir el ingreso de algunas personas y restringir el de otras al sector donde se desarrolló la sesión solemne del Consejo de Gobierno.
También pregunta por personas retiradas o detenidas
La Defensoría solicitó información sobre las medidas que tomó la Fuerza Pública para garantizar el ejercicio de los derechos de libre expresión, reunión y manifestación pacífica durante las actividades.
Asimismo, pidió precisar cuántas personas fueron retiradas o detenidas como resultado de la intervención policial y cuáles fueron las razones para esas actuaciones.
El Ministerio también deberá informar qué trámites se realizaron con las personas detenidas durante las actividades comprendidas entre el 14 y el 15 de setiembre.
Otro punto de la solicitud se relaciona con eventuales instrucciones dadas a los oficiales respecto a personas que portaran pancartas, banderas u otros elementos vinculados con expresiones políticas o manifestaciones ciudadanas.
Si existieron esas instrucciones, la Defensoría pidió conocer su fundamento jurídico y el cargo de las personas que las impartieron.
Evaluarán si las medidas fueron proporcionales
Finalmente, la Defensoría preguntó si el Ministerio de Seguridad realizará una evaluación interna del operativo para determinar si las medidas aplicadas fueron necesarias, idóneas y proporcionales para garantizar la seguridad de las personas y, al mismo tiempo, proteger sus derechos fundamentales.
En caso de que exista esa evaluación, la institución solicitó conocer el plazo previsto para concluirla.
Además del informe, la Defensoría pidió que se adjunten las pruebas correspondientes y que se comunique cualquier otro trámite, gestión o información relacionada con el caso.
