Saltar al contenido

Costa Rica

Viernes 20 de noviembre de 2026

Noticias de Costa Rica y el mundo desde 2015
EN

Nacionales

Sala IV ordena eliminar bloqueo al Poder Judicial y recorte a universidades en presupuesto 2027

El Poder Judicial advirtió que el recorte comprometería el pago de peritajes, las plazas de la jurisdicción penal y la apertura de nuevos juzgados previstos para el próximo año.

· 3 min de lectura
Sala IV ordena eliminar bloqueo al Poder Judicial y recorte a universidades en presupuesto 2027
Sala IV ordena eliminar bloqueo al Poder Judicial y recorte a universidades en presupuesto 2027. Fotografía: AM Prensa.

La Sala Constitucional ordenó este viernes eliminar el bloqueo de ₡30.000 millones previsto para el Poder Judicial y un recorte de ₡8.048 millones a las universidades públicas dentro del proyecto de Presupuesto Nacional para 2027.

La decisión se tomó por unanimidad, luego de que los magistrados identificaran irregularidades en el procedimiento legislativo del expediente 25.754, que se tramita en la Asamblea Legislativa.

El pronunciamiento responde a dos consultas de constitucionalidad: una presentada por la Corte Suprema de Justicia y otra impulsada por diputados de oposición. En ambas, el tribunal encontró vicios de procedimiento que obligan a modificar el texto presupuestario.

En caso de que el Congreso no realice los cambios ordenados, las disposiciones cuestionadas se tendrán por excluidas del proyecto de presupuesto.

Objeciones al presupuesto del Poder Judicial

En la consulta presentada por la Corte Suprema se cuestionó la incorporación de cuatro normas de ejecución presupuestaria que, según los altos jueces, comprometían la independencia judicial, la autonomía presupuestaria y el funcionamiento de ese poder de la República.

Uno de los principales señalamientos fue que esas disposiciones se incluyeron sin cumplir con la consulta obligatoria establecida en el artículo 167 de la Constitución Política. También se alegó que no se respetó el procedimiento previsto en el artículo 177 de la Carta Magna para la aprobación del presupuesto.

La Corte objetó, además, que se otorgaran atribuciones a la Comisión Permanente Especial de Control del Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa y a la Contraloría General de la República para intervenir en decisiones administrativas relacionadas con el uso de los recursos y la ocupación de plazas judiciales.

Los magistrados concluyeron que existían defectos en la forma en que se incorporaron esas disposiciones, por lo que ordenaron su eliminación.

También se cuestionó el recorte a las universidades

La segunda consulta se relacionó con la reducción de ₡8.048 millones correspondiente al segundo tracto de los recursos postergados del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

Ese dinero formaba parte de un compromiso acordado entre la administración de Rodrigo Chaves (2022-2026) y las universidades estatales mediante la Comisión de Enlace, instancia encargada constitucionalmente de negociar el financiamiento de la educación superior pública.

En este caso, los cuestionamientos apuntaron a que los diputados modificaron el monto sin que existiera un diferendo formalmente planteado entre las partes que justificara esa intervención.

También se advirtieron posibles afectaciones a la autonomía universitaria y al financiamiento de las casas de enseñanza, debido a que los recursos se trasladarían al pago de obligaciones con la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema).

La Sala ordenó igualmente retirar las disposiciones cuestionadas en este apartado.

El tribunal constitucional aclaró que su análisis se concentró en la forma en que se tramitó el proyecto de presupuesto, sin entrar a resolver el fondo de los argumentos planteados en las consultas.

Las resoluciones citadas en el pronunciamiento son la 45631-2026, aunque la información suministrada sobre el caso también menciona ese mismo número para ambas gestiones.

La integración de la Sala estuvo conformada por Fernando Castillo, presidente; Fernando Cruz, Paul Rueda, Luis Fernando Salazar, Jorge Araya, Anamari Garro, instructora de la segunda consulta, e Ingrid Hess, instructora de la primera.

Horas antes de conocerse la decisión, la presidenta de la República, Laura Fernández, aseguró en una conferencia de prensa que el Gobierno acataría cualquier sentencia del órgano constitucional.

“De extremo a extremo cualquier sentencia del órgano constitucional”, manifestó la mandataria al referirse a la disposición del Ejecutivo frente a los fallos de la Sala.

Consultada por Teletica sobre la resolución, la Casa Presidencial mantenía pendiente una respuesta al cierre de la publicación.

Siga leyendo

Más de Nacionales