Financistas de campaña de Laura Fernández están ligados a empresa que ganó contrato de ambulancias para Bomberos
Cristian Rodríguez Villalobos y Hermmoth Rothe Paniagua adquirieron certificados del Partido Pueblo Soberano. Ambos aparecen relacionados con SGSV, firma que integra el consorcio al que Bomberos adjudicó un contrato de…
Dos personas vinculadas con la empresa brasileña SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas, que forma parte del consorcio al que el Cuerpo de Bomberos adjudicó un contrato de ¢6.500 millones para suministrar 40 ambulancias, financiaron la campaña presidencial de Laura Fernández mediante la compra de bonos del Partido Pueblo Soberano (PPSO).
Se trata de Cristian Rodríguez Villalobos y Hermmoth Rothe Paniagua, quienes adquirieron certificados de deuda política por ¢43 millones y ¢9 millones, respectivamente, según los registros que la agrupación entregó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Ambos aparecen relacionados con SGSV y también figuran en comunicaciones electrónicas vinculadas con el proceso de contratación de las ambulancias.
Rodríguez aparece identificado como representante legal de la compañía en documentos de contratación pública. Además, en su perfil de LinkedIn se presenta como director regional de ventas de SGSV para América Central.
Por su parte, Rothe figura como fiscal de la sociedad desde el 2015. Consultado por La Nación, reconoció que compró bonos del PPSO porque consideró que representaban una buena inversión, con un rendimiento del 15%.
El empresario dijo no recordar con cuál persona del partido coordinó la adquisición de los certificados. También indicó que en el pasado había comprado bonos de otras campañas políticas, aunque no precisó cuáles.
Sobre su relación con SGSV, reconoció que se desempeñaba como asesor, pero se negó a brindar más detalles al considerar que se trataba de información privada. En cuanto a su puesto como fiscal de la sociedad, afirmó que aparece en ese cargo en distintas empresas a las que asesora.
La Nación indicó que intentó contactar a Rodríguez mediante mensajes, correo electrónico y llamadas telefónicas, pero no obtuvo respuesta.
Vínculos con la contratación de ambulancias
La participación de ambos financistas en las comunicaciones relacionadas con la compra de ambulancias consta en el expediente 2026XE-000002-0012800001, disponible en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
Según la información publicada por ese medio, el 26 de agosto una funcionaria de Bomberos envió un correo a representantes de tres compañías invitadas a cotizar: SGSV, Comercializadora Técnica Industrial del Oeste Cotisa S. A. y AutoStar Vehículos S. A.
En el caso de SGSV, el mensaje fue dirigido a Rodríguez Villalobos. La institución comunicó cambios sustanciales en las especificaciones técnicas de las ambulancias y estableció el 2 de setiembre como fecha límite para presentar cotizaciones.
El 1.° de setiembre, Rodríguez envió un correo interno a otros colaboradores de la empresa en el que informó sobre una aclaración remitida por Bomberos. Entre las personas copiadas figuraban Igor Roquim, representante de la firma brasileña, Rothe Paniagua y Nilson Oliveira Gomes.
Al día siguiente, Oliveira Gomes remitió la cotización a Bomberos y copió a Rodríguez, Rothe y al representante de la compañía.
Rothe reconoció ante La Nación que la dirección de correo electrónico que aparece en esas comunicaciones era suya, aunque dijo no recordar por qué lo incluyeron en los mensajes.
El contrato de las ambulancias fue adjudicado mediante un procedimiento especial de contratación. De acuerdo con la publicación de La Nación, el consorcio integrado por SGSV y la también brasileña Bem Star fue el único invitado a presentar una oferta, pese a que otras dos empresas locales tenían experiencia en la venta de estos vehículos y ofrecían precios hasta $2,3 millones inferiores.
SGSV también integra el consorcio que desde noviembre de 2024 suministra tobilleras electrónicas al Ministerio de Justicia, junto con Radiográfica Costarricense (Racsa) y la empresa brasileña Synergye. En ese contrato, el grupo reclamó al Estado un pago adicional de $1,3 millones.
Además, Rodríguez aparece vinculado con otro procedimiento del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), por ¢576 millones, para el alquiler de equipo destinado a una estación de tráfico marítimo. Según los documentos citados por La Nación, asistió a una visita previa a la recepción de ofertas en la Capitanía de Puerto Moín, en Limón, junto con Oliveira Gomes.
La publicación también recordó que Mónica Araya, expresidenta del Instituto Nacional de Seguros (INS) y del Cuerpo de Bomberos, declaró ante la Fiscalía que recibió presiones y amenazas del entonces presidente Rodrigo Chaves, en 2024, para contratar a SGSV en el proyecto del marchamo digital. Araya afirmó que no concretó esa contratación debido a una alerta de la Oficialía de Cumplimiento del INS.
Por otra parte, La Nación reportó diferencias en las explicaciones ofrecidas por el representante del consorcio sobre cómo se enteró de la contratación de las ambulancias. Inicialmente indicó que conoció el proceso por medio de Sicop, pero luego modificó esa versión cuando se le consultó por los correos que Bomberos había enviado a SGSV desde agosto, antes de que el procedimiento se publicara oficialmente en esa plataforma, el 10 de setiembre.
