Exdirector de fondo de becas irá siete años a prisión por aprobar préstamos para él y sus familiares
El exfuncionario aprovechó su cargo para favorecerse con créditos estudiantiles y beneficiar a varios familiares, pese a que el programa estaba destinado a apoyar a personas de escasos recursos de Puntarenas.
Un hombre de apellidos Araya Madrigal fue condenado a siete años de prisión luego de que la justicia determinara que utilizó su posición como director ejecutivo de un fondo educativo para obtener préstamos estudiantiles a su favor y facilitar beneficios económicos a varios integrantes de su familia.
La sentencia fue obtenida por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, que logró demostrar los delitos de peculado y legislación en provecho propio.
Los hechos ocurrieron entre 2007 y 2008, cuando el condenado dirigía el Fondo de Apoyo para la Educación Superior y Técnica del Puntarenense (FAESUPT), una institución creada por ley para financiar estudios universitarios, técnicos y de posgrado de personas beneficiarias del programa, especialmente de sectores con dificultades económicas.
Según la investigación, Araya emitió dos reglamentos que modificaron las condiciones de acceso a los créditos, abriendo la posibilidad de que personas que no pertenecían a sectores de escasos recursos recibieran financiamiento.
Posteriormente, aprovechó esas disposiciones para solicitar un préstamo destinado a pagar sus propios estudios, pese a que no reunía los requisitos establecidos para recibir ese beneficio.
Pero las irregularidades no terminaron ahí.
La Fiscalía comprobó que el exdirector también propuso ante el Consejo Directivo los nombres de su hija y su hermano para que fueran incluidos entre las personas beneficiarias.
Como resultado, su hija recibió un crédito por ₡3.894.000, mientras que su hermano obtuvo otro por ₡2.085.750. Entre ambos préstamos sumaron ₡5.979.750.
La investigación también reveló que Araya integraba un Consejo Asesor Académico y Técnico, encargado de analizar las solicitudes y recomendar cuáles debían aprobarse.
Desde esa posición participó en el estudio de una solicitud presentada por uno de sus sobrinos y votó a favor de recomendar el préstamo, a pesar de conocer el parentesco que los unía.
El proceso judicial concluyó a finales de octubre en el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, donde se dictó la condena de siete años de cárcel.
El Ministerio Público informó, además, que otros integrantes del Consejo Directivo involucrados en la causa se acogieron previamente a una suspensión del proceso a prueba, una medida alterna que permitió resolver su situación judicial sin llegar a juicio.
La sentencia contra Araya Madrigal fue dada a conocer por la Fiscalía este lunes 16 de noviembre.