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Lunes 16 de noviembre de 2026

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Diputados oficialistas lanzan fuerte ofensiva contra el fiscal general y exigen su renuncia inmediata

Una moción de orden presentada ante el Plenario Legislativo cuestiona la actuación de Carlo Díaz Sánchez durante su visita al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO).

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Diputados oficialistas lanzan fuerte ofensiva contra el fiscal general y exigen su renuncia inmediata
Diputados oficialistas lanzan fuerte ofensiva contra el fiscal general y exigen su renuncia inmediata. Fotografía: AM Prensa.

Una fuerte controversia política se abrió en la Asamblea Legislativa luego de que la diputada Nayuribe Guadamuz Rosales y otras diputaciones presentaran una moción de orden en la que expresan su rechazo a la actuación del fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, y exigen su renuncia inmediata.

El documento, dirigido al Plenario Legislativo, cuestiona la participación del jerarca del Ministerio Público en una reciente visita al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), actividad que, según los legisladores firmantes, estuvo acompañada de una amplia exposición mediática y transmitió un mensaje irrespetuoso hacia las víctimas de la delincuencia y sus familias.

En la iniciativa, los diputados argumentan que Costa Rica atraviesa una situación compleja en materia de seguridad ciudadana y que las autoridades encargadas de investigar los delitos y ejercer la acción penal deben demostrar compromiso con las víctimas y con la lucha contra el crimen organizado.

Los legisladores consideran que la actuación de Díaz Sánchez durante esa visita generó cuestionamientos sobre el papel que debe desempeñar el fiscal general, especialmente en un contexto en el que miles de familias esperan respuestas de las instituciones encargadas de administrar justicia.

Diputados cuestionan actuación del fiscal general

Entre los principales argumentos expuestos en la moción, las diputaciones señalan que las víctimas de homicidios, violaciones, abusos sexuales, extorsiones, estafas y otros delitos también merecen atención, protección y resultados concretos por parte de las autoridades.

Además, sostienen que la obligación de investigar posibles violaciones a los derechos humanos debe ejercerse con independencia y rigurosidad, pero también con prudencia institucional, debido a la responsabilidad que implica dirigir la persecución penal en el país.

En uno de los puntos más contundentes del documento, los firmantes expresan su rechazo a lo que califican como un «show político» por parte del fiscal general durante su visita al CACCO.

También cuestionan el mensaje que, a su criterio, transmitió Carlo Díaz Sánchez a las víctimas de la criminalidad y a las familias que esperan justicia.

Exigen renuncia inmediata y recurrirían a la Corte Plena

La solicitud más importante de la moción está dirigida directamente al futuro de Carlo Díaz Sánchez como fiscal general de la República.

Los legisladores exigen su renuncia inmediata y advierten que, si no abandona voluntariamente el cargo, solicitarán a la Corte Plena que inicie el procedimiento correspondiente para valorar su destitución.

Entre los cuestionamientos planteados contra el jerarca mencionan presunta negligencia en la persecución del crimen organizado, dudas sobre su liderazgo al frente del Ministerio Público y una supuesta actitud complaciente hacia los delincuentes.

Asimismo, los diputados manifiestan su solidaridad con las víctimas de la criminalidad y sus familias, al considerar que el país necesita una persecución penal firme y autoridades comprometidas con sus responsabilidades constitucionales y legales.

¿Puede la Asamblea Legislativa destituir al fiscal general?

Aunque la moción plantea una exigencia política directa contra Carlo Díaz Sánchez, su eventual aprobación no significa que el fiscal general quede automáticamente destituido.

El Ministerio Público forma parte del Poder Judicial, por lo que cualquier eventual procedimiento relacionado con la permanencia del fiscal general en su cargo debe tramitarse ante las instancias judiciales competentes y conforme al ordenamiento jurídico.

La Asamblea Legislativa puede manifestar su posición política, cuestionar la gestión de los jerarcas y formular solicitudes institucionales, pero no puede remover directamente al fiscal general mediante una moción de orden.

Por ahora, el documento representa una fuerte presión política contra el máximo jerarca del Ministerio Público y coloca nuevamente sobre la mesa el debate sobre la seguridad ciudadana, la persecución del crimen organizado y la confianza de los costarricenses en las instituciones de justicia.

La eventual aprobación de la iniciativa y la respuesta que pueda dar la Corte Plena serán aspectos clave para determinar si este cuestionamiento político trasciende el Plenario Legislativo y abre un nuevo capítulo en la relación entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial.

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