Corte Plena advierte posibles vicios constitucionales en proyecto que busca recortar pensiones públicas

La Corte Plena advirtió sobre posibles problemas de constitucionalidad en un proyecto de ley que pretende establecer límites a las pensiones del sector público, una iniciativa que podría modificar los montos que reciben actualmente miles de jubilados.

Durante la sesión de este lunes 9 de noviembre, los magistrados analizaron el expediente legislativo N.° 24.786, denominado *Luchando por la Justicia del Sistema de Pensiones del Sector Público*.

El informe estuvo a cargo del magistrado Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, de la Sala Segunda, quien señaló posibles vicios de constitucionalidad en la propuesta.

Tras conocer el análisis, la Corte Plena acordó comunicar a la Asamblea Legislativa que el proyecto sí incide en la organización y el funcionamiento del Poder Judicial, una consideración que tiene consecuencias para su trámite legislativo.

Las magistraturas de la Sala Constitucional se abstuvieron de participar en la votación, debido a que eventualmente podrían tener que conocer una consulta sobre la constitucionalidad de la iniciativa.

La propuesta fue presentada por el Poder Ejecutivo el 22 de enero de 2025, durante la administración de Rodrigo Chaves, con el objetivo de establecer límites a las llamadas pensiones de lujo y reducir las diferencias entre los distintos regímenes de jubilación del país.

El texto plantea que las pensiones de determinados regímenes especiales no superen el monto máximo ordinario establecido por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

La iniciativa utiliza como referencia un límite de ₡1.765.859 mensuales, aunque el monto aplicable dependería del tope que establezca periódicamente la CCSS.

Uno de los aspectos que más controversia ha generado es que la medida no se aplicaría únicamente a quienes se jubilen en el futuro.

También alcanzaría a personas que ya reciben una pensión, por lo que algunos jubilados podrían experimentar reducciones en sus ingresos mensuales si la propuesta llega a convertirse en ley.

El proyecto contempla aplicar los ajustes progresivamente y establece condiciones para proteger un porcentaje mínimo del salario utilizado como referencia para calcular la jubilación.

Entre los regímenes contemplados se encuentran el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, el Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional y los regímenes contributivos con cargo al Presupuesto Nacional.

La principal discusión gira alrededor de los efectos que una modificación de esta naturaleza podría tener sobre el Poder Judicial y las condiciones bajo las cuales sus funcionarios cotizan y adquieren derechos de jubilación.

La Corte ya había manifestado preocupaciones sobre el proyecto en 2025, al considerar que las modificaciones al régimen de pensiones judiciales podían comprometer la independencia de ese poder de la República.

Además, la Procuraduría General de la República, mediante un criterio emitido en enero de 2026, llamó la atención sobre las diferencias existentes entre los sistemas de pensiones.

Entre ellas mencionó las edades de retiro, los porcentajes de cotización, los mecanismos de cálculo y las condiciones bajo las cuales los trabajadores adquieren sus beneficios.

El órgano asesor advirtió que estas diferencias deben considerarse al valorar la razonabilidad y proporcionalidad de establecer un mismo límite para distintos regímenes.

Por su parte, representantes del Magisterio Nacional también han manifestado su oposición a la iniciativa, al considerar que podría afectar derechos adquiridos de personas que cotizaron durante décadas bajo condiciones establecidas por ley.

El pronunciamiento de Corte Plena cobra importancia por lo establecido en el artículo 167 de la Constitución Política.

Esa disposición obliga a la Asamblea Legislativa a consultar a la Corte Suprema de Justicia los proyectos relacionados con la organización o el funcionamiento del Poder Judicial.

Además, si los diputados deciden apartarse del criterio de la Corte, necesitarían el respaldo de al menos 38 de los 57 legisladores.

El proyecto ha enfrentado una fuerte discusión legislativa. En mayo de 2026, el Plenario rechazó, por 28 votos contra 26, un dictamen negativo que recomendaba archivarlo, lo que permitió que la iniciativa continuara su trámite.

La advertencia de los magistrados no significa que el proyecto haya sido declarado inconstitucional ni que esté automáticamente descartado.

Su eventual aprobación dependerá de las decisiones de la Asamblea Legislativa y de las revisiones constitucionales que puedan corresponder.

Mientras tanto, continúa abierto el debate entre la necesidad de reducir las diferencias entre las pensiones públicas, garantizar la sostenibilidad financiera de los regímenes y respetar los derechos de quienes ya se encuentran jubilados.