¿Quién será el sucesor de Orlando Aguirre? Doce votos definirán el rumbo del Poder Judicial en medio de choques con el Gobierno

La Corte Suprema de Justicia inicia este lunes 26 de octubre la elección de su nueva presidencia, en una jornada que pone en juego la conducción del Poder Judicial durante los próximos cuatro años, en medio de los enfrentamientos con el Ejecutivo y los reclamos por una justicia más rápida.

Damaris Vargas Vásquez, Patricia Solano Castro, Patricia Vargas González y Gerardo Rubén Alfaro Vargas son las cuatro personas postulantes. Para ganar, cualquiera necesita reunir al menos 12 votos. La convocatoria oficial establece el inicio de la sesión a las 8:30 a. m.

El proceso busca sustituir a Orlando Aguirre Gómez, quien decide no aspirar a otro período. Sin embargo, que las votaciones comiencen hoy no garantiza que la Corte termine el día con una nueva presidencia: si ninguna candidatura alcanza el respaldo necesario, la elección puede prolongarse durante las próximas semanas.

Cuatro candidaturas, distintas prioridades

Damaris Vargas Vásquez llega a la contienda como vicepresidenta de la Corte y magistrada de la Sala Primera. Su planteamiento combina una gestión orientada a reducir los tiempos de espera con la apertura de espacios de comunicación entre los poderes de la República. Defiende el diálogo con el Gobierno, pero establece la independencia judicial como un límite que no puede negociarse.

Patricia Solano Castro, presidenta de la Sala Tercera, plantea mejorar el aprovechamiento de los recursos y redistribuir las cargas de trabajo para enfrentar la congestión en los tribunales. También propone fortalecer la comunicación con la ciudadanía y mantiene una posición firme frente a los cuestionamientos políticos contra la institución.

Gerardo Rubén Alfaro Vargas, integrante de la Sala Tercera, propone identificar los despachos con mayores atrasos y establecer planes específicos, con plazos y acompañamiento técnico. Su estrategia incluye trasladar temporalmente personal hacia las oficinas más congestionadas y dar atención prioritaria a los asuntos urgentes.

Patricia Vargas González, también magistrada de la Sala Tercera, impulsa reformas procesales para reducir la acumulación de asuntos en la etapa de juicio. Además, plantea revisar mensualmente los indicadores de cada despacho para detectar retrasos y corregirlos. Entre sus prioridades figuran la independencia judicial y la sostenibilidad financiera de la institución.

Una votación pública que podría extenderse

Antes de votar, las candidaturas expondrán sus propuestas en un debate público. Cada aspirante dispone de 20 minutos, prorrogables por cinco más, y las magistraturas podrán formular preguntas. Orlando Aguirre dirigirá la sesión, debido a que la vicepresidenta Damaris Vargas participa como candidata.

Esta será la primera elección de la Presidencia de la Corte mediante voto público. Así, quedará a la vista el respaldo que cada integrante otorgue a las candidaturas.

El procedimiento contempla hasta cinco votaciones en la primera sesión: tres iniciales y, si no hay elección, un receso mínimo de 20 minutos antes de las dos restantes.

Si nadie obtiene los 12 votos, se convocará otra sesión una semana después. Durante ese intervalo pueden presentarse nuevas candidaturas. El mecanismo se repetirá hasta alcanzar una elección, según las reglas divulgadas por el Poder Judicial.

El choque con el Ejecutivo marca la elección

La nueva presidencia asumirá en un escenario de diferencias con el Gobierno de Laura Fernández sobre seguridad, recursos económicos y funcionamiento de la justicia. La confrontación tiene antecedentes en la administración de Rodrigo Chaves y continúa siendo un elemento central de la relación entre ambos poderes.

Las cuatro candidaturas manifiestan disposición a conversar con el Ejecutivo, aunque con condiciones de respeto institucional.

Solano sostiene que los cuestionamientos deben discutirse en el plano institucional; Patricia Vargas reclama respeto por las competencias y la dignidad de las personas; Alfaro propone colaborar desde las funciones propias de cada poder, y Damaris Vargas insiste en mantener abiertos los canales de comunicación. Las cuatro posiciones coinciden en resguardar la independencia de los jueces.

Uno de los frentes más delicados será el presupuesto de 2027. Las candidaturas advierten que los recortes y las restricciones de ejecución planteadas podrían comprometer personal, tecnología y capacidad operativa.

Patricia Vargas estima una reducción directa superior a ₡10.000 millones y el congelamiento de casi ₡30.000 millones adicionales. Se trata de una advertencia sobre el escenario presupuestario propuesto, cuyos efectos los aspirantes vinculan con posibles dificultades para sostener servicios judiciales e investigaciones.

A esa discusión se suma la necesidad de reducir los atrasos. Damaris Vargas propone dar prioridad a los expedientes más antiguos, con excepciones justificadas para asuntos urgentes y personas vulnerables. Los cuatro aspirantes también contemplan herramientas tecnológicas para agilizar tareas repetitivas y permitir que el personal concentre su trabajo en funciones sustantivas.

El combate contra el crimen organizado exige, además, coordinación entre instituciones que mantienen fuertes diferencias públicas. Quien consiga los 12 votos deberá conducir esa relación mientras enfrenta la demanda ciudadana por respuestas oportunas y defiende la autonomía del Poder Judicial.