Nueva presidenta de la Corte lanza advertencia sobre el presupuesto judicial y promete acelerar la justicia en Costa Rica

La magistrada Patricia Vargas fue electa este lunes como nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica y, tras su elección, delineó los principales desafíos que enfrentará durante su gestión, entre ellos el rezago judicial, la falta de recursos, la modernización institucional y la relación con el Poder Ejecutivo.

En sus primeras declaraciones, Vargas aseguró que el Poder Judicial continuará defendiendo el presupuesto necesario para garantizar sus servicios y advirtió sobre las consecuencias que podrían generar las restricciones incluidas en la ley de presupuesto.

La nueva jerarca también insistió en que la institución debe trabajar de manera conjunta para mejorar la respuesta a la ciudadanía, especialmente en materia penal, donde reconoció que persisten importantes desafíos.

Patricia Vargas advierte sobre el impacto de los recortes presupuestarios

Uno de los principales temas abordados por la nueva presidenta de la Corte Suprema fue la situación presupuestaria del Poder Judicial y las posibles consecuencias de las restricciones planteadas para el próximo año.

Vargas señaló que la magistrada Damaris Vargas, quien ejercía interinamente la presidencia, presentó una consulta de constitucionalidad ante la Sala Constitucional sobre el presupuesto.

La nueva jerarca manifestó su preocupación por las condiciones establecidas para la ejecución de los recursos y por las limitaciones que podrían afectar el funcionamiento de la institución.

“Yo estoy convencida de que ese presupuesto no solo tiene roces de constitucionalidad, sino que supone un golpe muy duro para la vida democrática de nuestro país”, afirmó.

Según explicó, el presupuesto contempla condiciones que podrían impedir que el Poder Judicial disponga oportunamente de alrededor de ₡30.000 millones.

Además, señaló que la legislación presupuestaria impediría utilizar 2.463 plazas vacantes que actualmente prestan servicio a la ciudadanía.

Vargas insistió en que la defensa de los recursos no responde únicamente a los intereses de la institución, sino a la necesidad de mantener los servicios que recibe la población.

“Entonces, respondiéndole, yo creo que el Poder Judicial sigue la línea que ya inició, que es una defensa del presupuesto que necesitamos para trabajar, que no estamos pidiendo más, hay que decirlo. Es el presupuesto que necesitamos para funcionar con las vías legales que el ordenamiento jurídico nos da”, expresó.

La presidenta también indicó que el Poder Judicial deberá preparar un plan alternativo en caso de que las restricciones presupuestarias se mantengan, con el propósito de identificar cuáles servicios podrían verse afectados y cómo garantizar su continuidad.

Entre los posibles impactos mencionó las dificultades para mantener oficinas que permiten a las personas realizar trámites sin recorrer grandes distancias, así como eventuales limitaciones para que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) continúe realizando operativos contra organizaciones criminales.

Rezago judicial: uno de los principales retos de la nueva presidenta

Otro de los asuntos centrales de las primeras declaraciones de Vargas fue la necesidad de reducir los tiempos de respuesta de la justicia costarricense.

Ante las consultas sobre los procesos penales pendientes, la presidenta sostuvo que el Poder Judicial ha trabajado en los últimos años para aumentar su productividad, aunque reconoció que todavía existen desafíos importantes.

Como parte de sus argumentos, destacó que durante 2025 se dictaron más de 17.500 sentencias que pusieron fin a procesos.

“Solo en el 2025 se dictaron más de 17.500 sentencias que le pusieron fin a los procesos”, señaló.

Vargas también explicó que, desde la Sala de Casación Penal y con el visto bueno de la Corte Suprema de Justicia, se trasladó un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa con propuestas dirigidas a agilizar los procesos penales.

La jerarca adelantó que espera conversar con las diputaciones de todos los partidos políticos para explicar la importancia de que esa reforma avance.

“Yo espero también desde la Presidencia conversar con las diputaciones de todos los partidos para que entiendan la necesidad de que esta reforma se materialice y esto nos permita también avanzar en ese espacio”, manifestó.

Asimismo, mencionó que el Poder Judicial realiza monitoreos de los despachos para establecer planes de mejora y mantiene un trabajo específico sobre los expedientes más antiguos, que pueden requerir mayores recursos humanos y materiales.

Sin embargo, advirtió que el aumento en la cantidad de asuntos que ingresan a la institución dificulta reducir el rezago.

“Resulta que en los últimos años, por ejemplo, ha aumentado en más de un 7% el número de conflictos que entran a la administración de justicia. Y en la materia penal, pues evidentemente es una de ellas”, explicó.

De acuerdo con Vargas, actualmente existe capacidad instalada para resolver el 80% de los asuntos que ingresan en materia penal, lo que significa que se mantiene un 20% pendiente.

Pese a este escenario, aseguró que la institución continuará trabajando para mejorar los tiempos de respuesta.

Independencia judicial y una nueva relación con el Poder Ejecutivo

La relación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo también fue uno de los temas planteados durante la conferencia de prensa posterior a la elección.

Consultada sobre las tensiones entre ambos poderes y la posibilidad de sostener reuniones con representantes del Ejecutivo, Vargas aseguró que mantendrá abierta la disposición al diálogo, siempre que exista respeto institucional.

“El Poder Judicial ha estado abierto al diálogo y en mi presidencia por supuesto que seguirá estando abierto al diálogo. Por supuesto también, como lo he dicho ya reiteradamente, en el entendido de que tienen que existir condiciones de buena fe”, expresó.

La presidenta subrayó que la independencia judicial debe mantenerse como un principio fundamental y que las conversaciones entre los poderes de la República deben desarrollarse respetando las competencias de cada uno.

“El tema de la independencia judicial es esencial. No es algo que esté sujeto a discusión. Pero existe la mejor disponibilidad para conversar”, afirmó.

También manifestó que las diferencias deben abordarse mediante discusiones respetuosas, sin ataques personales ni acciones que profundicen la polarización.

Vargas reconoció que el Poder Judicial debe estar abierto a las críticas, al considerar que estas pueden contribuir a mejorar el funcionamiento de las instituciones.

Patricia Vargas plantea una renovación del Poder Judicial

La nueva presidenta también se refirió a su elección y a la posibilidad de que su llegada represente una renovación generacional dentro de la Corte Suprema de Justicia.

Vargas explicó que, aunque tiene poco más de tres años en la magistratura, está vinculada al Poder Judicial desde 1996.

Por ello, sostuvo que la renovación institucional no debe entenderse únicamente desde la edad de las personas magistradas o sus años de experiencia en el cargo, sino como un cambio en la visión y en la forma de relacionarse con la ciudadanía.

“Me parece que la idea de renovación tiene que ver con un compromiso institucional, con una nueva visión del propio Poder Judicial. Un Poder Judicial que sea moderno y que se acerque también más a la ciudadanía”, indicó.

En esa línea, planteó que su gestión debe construirse como un proyecto colectivo, con la participación de las 22 personas magistradas y los más de 13.000 funcionarios judiciales que integran la institución.

También destacó que la presidencia debe entenderse como un trabajo en equipo, con el objetivo de avanzar en las prioridades compartidas por la Corte Suprema de Justicia.

“A partir de hoy somos un cuerpo único y tenemos que avanzar por esa línea”, expresó al referirse al respaldo recibido durante la elección.

Entre los ejes de su propuesta mencionó la independencia judicial, la reducción del rezago, la modernización de los servicios y una comunicación más clara con la población.

“Tenemos también un compromiso con el rezago judicial. La justicia que llega tardía no es justicia”, afirmó.

Con estos planteamientos, Patricia Vargas inicia su gestión al frente de la Corte Suprema de Justicia con el compromiso de defender los recursos necesarios para el funcionamiento institucional, impulsar medidas para agilizar los procesos judiciales y fortalecer la relación entre el Poder Judicial y la ciudadanía.