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Miércoles 28 de octubre de 2026

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Diputada acude a la Sala IV para frenar eventual cierre de la sede del TEC en Limón

Kristel Ward presentó un recurso de amparo contra la rectora del Instituto Tecnológico de Costa Rica para evitar la suspensión del semestre y proteger la continuidad académica de más de 400 estudiantes limonenses.

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Diputada acude a la Sala IV para frenar eventual cierre de la sede del TEC en Limón
Diputada acude a la Sala IV para frenar eventual cierre de la sede del TEC en Limón. Fotografía: AM Prensa.

La diputada Kristel Ward Hudson, junto con otros legisladores del Partido Pueblo Soberano, acudió a la Sala Constitucional para intentar frenar un eventual cierre técnico del Centro Académico del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) en Limón, así como una posible suspensión del semestre lectivo.

Los legisladores presentaron un recurso de amparo con solicitud de medida cautelar urgente contra la rectora de la institución, María Estrada Sánchez, al considerar que un eventual cierre pondría en riesgo la continuidad educativa de más de 400 estudiantes de la provincia.

La gestión fue anunciada este miércoles 28 de octubre de 2026. Con ella, la bancada oficialista busca que se mantengan las clases, las evaluaciones y la programación académica de la sede limonense mientras la Sala Constitucional analiza el fondo del asunto.

Los diputados calificaron como arbitraria e injustificada la posibilidad de cerrar el centro académico y cuestionaron que la falta de recursos se utilice como argumento para suspender sus actividades.

Diputados aseguran que existen recursos para mantener abierta la sede

Uno de los principales argumentos planteados por Ward y los demás legisladores es que, según su criterio, la eventual falta de presupuesto no tendría suficiente respaldo técnico ni financiero.

Los diputados sostienen que el TEC cuenta con un superávit y partidas presupuestarias sin ejecutar que podrían utilizarse para respaldar el funcionamiento de la sede de Limón.

A partir de ese argumento, consideran necesario que las autoridades universitarias expliquen con claridad la situación financiera que justificaría un eventual cierre y detallen cuáles recursos están disponibles para sostener las actividades académicas.

La diputada Ward también señaló que condicionar el funcionamiento del centro regional podría desconocer la autonomía de la institución en el manejo de sus fondos propios y afectar el derecho fundamental a la educación.

Los legisladores advirtieron que las consecuencias podrían ser especialmente significativas para la población estudiantil de Limón, provincia que, según el comunicado, enfrenta altos índices de vulnerabilidad social y desempleo.

¿Qué pide Kristel Ward mediante el recurso de amparo?

La principal solicitud de la bancada oficialista es que la Sala IV ordene, como medida cautelar, mantener de inmediato la programación académica y las evaluaciones en el Centro Académico de Limón.

Además, los diputados exigen que la Rectoría presente los informes técnicos y financieros necesarios para transparentar el uso de las partidas presupuestarias y explicar las razones detrás de las decisiones que podrían afectar la operación de la sede.

La intención es que los estudiantes no sufran interrupciones en su formación mientras se resuelven las diferencias relacionadas con el financiamiento y el funcionamiento del centro universitario.

Los legisladores también cuestionaron que la comunidad estudiantil pueda terminar afectada por decisiones vinculadas con los ajustes hacendarios y la situación fiscal del país.

Más de 400 estudiantes están en el centro de la disputa

La posible suspensión del semestre constituye la principal preocupación expuesta por los diputados, quienes sostienen que un cierre podría alterar el avance académico de cientos de estudiantes limonenses.

Por esa razón, solicitaron una intervención urgente de la jurisdicción constitucional para preservar las actividades educativas mientras se examinan los argumentos relacionados con la disponibilidad de recursos y la continuidad de la sede.

Sin embargo, la presentación del recurso no significa que la Sala Constitucional haya concedido la medida cautelar ni que haya declarado que las decisiones cuestionadas sean contrarias a la Constitución.

Ahora corresponderá a las autoridades judiciales analizar la gestión y determinar si procede ordenar las medidas solicitadas.

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