Defensoría respalda decisión de Laura Fernández de archivar el Acuerdo Transpacífico

La Defensoría de los Habitantes calificó como acertada la decisión de la presidenta de la República, Laura Fernández, de archivar el Acuerdo Transpacífico, al considerar que era necesario evaluar con mayor profundidad sus posibles consecuencias para los sectores productivos y las comunidades rurales de Costa Rica.

Mediante un pronunciamiento divulgado este miércoles 28 de octubre, la institución manifestó su satisfacción con la decisión del Gobierno de no autorizar la firma del tratado y destacó la importancia de garantizar transparencia y participación de los sectores involucrados en este tipo de negociaciones comerciales.

La Defensoría había anunciado el pasado 23 de octubre la apertura de una investigación para determinar los posibles efectos de una eventual adhesión de Costa Rica al acuerdo sobre las personas productoras agrícolas y ganaderas, el empleo rural y las comunidades que dependen de esas actividades económicas.

Según la institución, era necesario conocer de manera amplia y anticipada los estudios realizados y las condiciones negociadas por el Ministerio de Comercio Exterior (Comex), con el objetivo de determinar si existía una valoración suficiente de las posibles consecuencias productivas y sociales.

Defensoría advierte sobre efectos en comunidades rurales

La defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, señaló que la decisión representa un alivio para los sectores que podrían haber enfrentado mayores impactos ante una eventual adhesión al acuerdo.

“El anuncio de archivar este tratado es un respiro muy importante para los sectores que podrían haber enfrentado los mayores impactos del acuerdo pero, sobre todo, una señal clara de que en estas negociaciones debe garantizarse la participación de los sectores involucrados”, manifestó Cruickshank.

Entre las principales preocupaciones de la institución figuraban las condiciones que enfrentan las comunidades rurales, donde existen limitaciones en las alternativas de empleo y desigualdades en el acceso al crédito, la tecnología, la infraestructura y los mercados.

La Defensoría consideró que estos factores debían tomarse en cuenta al analizar los posibles efectos de un acuerdo comercial de esta naturaleza, especialmente por sus eventuales repercusiones en las familias productoras y las oportunidades laborales fuera de la Gran Área Metropolitana.

Reclaman transparencia en las negociaciones comerciales

La institución también respaldó la exigencia de transparencia planteada por la presidenta Fernández y señaló que, ante las dudas que identificó sobre el proceso, la mandataria optó por no autorizar la firma y disponer el archivo del acuerdo.

Para la Defensoría, la información y la comunicación deben estar presentes en todas las etapas de una negociación comercial, de manera que la ciudadanía y los sectores involucrados puedan comprender tanto las oportunidades como los riesgos de las decisiones.

El organismo puso especial énfasis en las posibles consecuencias para el futuro de las familias productoras, el empleo rural y la seguridad alimentaria.

Pese a su respaldo al archivo del tratado, la institución aclaró que no se opone al libre comercio y reconoció que la apertura comercial puede generar oportunidades para el desarrollo económico.

Sin embargo, sostuvo que esos procesos deben ser justos y equilibrados, además de estar acompañados por políticas públicas que permitan atender las necesidades de los sectores que podrían resultar afectados.

Entre las medidas que considera importantes mencionó el apoyo a la productividad, el acceso al crédito, la capacitación y la implementación de mecanismos de transición.

La Defensoría también señaló que las políticas asociadas a la apertura comercial deben establecer responsables, plazos, financiamiento y mecanismos de seguimiento, con el propósito de ampliar las oportunidades económicas sin profundizar las desigualdades existentes.