Leonardo Sánchez descartó que las visitas a centros penitenciarios sean el camino para prevenir que los jóvenes sean atraídos por el crimen organizado y apuesta por fortalecer la prevención desde los centros educativos.
El ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez, tomó distancia de una de las propuestas que más llamó la atención dentro de las acciones planteadas para prevenir que estudiantes sean atraídos por organizaciones criminales: llevarlos a conocer cárceles para mostrarles las consecuencias de involucrarse en actividades delictivas.
La posición del jerarca quedó clara durante un Facebook Live del Ministerio de Educación Pública (MEP), donde fue consultado sobre cuándo comenzarían las visitas a centros penitenciarios. La iniciativa había sido planteada por la presidenta Laura Fernández como parte de una estrategia dirigida principalmente a estudiantes de comunidades consideradas vulnerables.
Sánchez señaló que los jóvenes no necesariamente tienen que ingresar a una cárcel para comprender los riesgos asociados con el crimen organizado. El ministro insistió en que el enfoque debe estar puesto en la prevención y fue contundente al afirmar que “nadie aprende con miedo”.
De acuerdo con el jerarca, el MEP busca fortalecer otras herramientas para mantener a los estudiantes vinculados con el sistema educativo y alejados de las organizaciones criminales. Entre las alternativas mencionó programas relacionados con arte, deporte, recreación y convivencia, así como iniciativas que se desarrollarían en conjunto con el Ministerio de Seguridad Pública.
El ministro también enfatizó que cualquier estrategia de prevención deberá pasar por criterios técnicos, legales y pedagógicos. Además, indicó que este tipo de medidas deben ser desarrolladas por profesionales y expertos, antes de convertirse en acciones concretas dentro de los centros educativos.
Al referirse específicamente a las visitas a las cárceles, Sánchez dejó claro que estas no forman parte, por ahora, de una acción próxima a ejecutarse. “Eso está lejos de que se cumpla”, manifestó, para posteriormente resumir su posición con una frase todavía más directa: “por ahí no es”.
La propuesta había surgido a inicios de julio, cuando la presidenta Laura Fernández planteó la posibilidad de realizar giras con estudiantes de centros educativos ubicados en comunidades que calificó como “barrios peligrosos”. En ese momento, la mandataria habló de jóvenes que enfrentan entornos donde la delincuencia puede presentarse como una alternativa de vida.
“Ojalá podamos hacer algunas giras de centros educativos de barrios peligrosos del país, donde hay chiquillos jugándosela, donde hay muchachos que creen que delinquir puede ser su estilo de vida”, manifestó entonces Fernández.
La presidenta también pidió valorar la posibilidad de llevar a esos jóvenes al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco), con la intención de que quienes estuvieran considerando involucrarse en actividades delictivas pudieran observar las consecuencias de ese camino y “pongan las barbas en remojo”.
Sin embargo, semanas después, el propio ministro Sánchez había reconocido que la iniciativa todavía no contaba con una metodología definida, un protocolo para su implementación ni una decisión administrativa que permitiera poner en marcha las visitas.
A esto se suma que profesionales del MEP analizaron la propuesta y recomendaron no incorporar este tipo de visitas penitenciarias como parte de las estrategias educativas de prevención. El criterio técnico apunta, por tanto, hacia otras herramientas para abordar el riesgo de reclutamiento de menores por parte de estructuras criminales.
Para Sánchez, uno de los principales mecanismos de protección consiste precisamente en mantener a los estudiantes dentro del sistema educativo. Bajo esa visión, la prevención debe construirse mediante oportunidades de desarrollo, espacios de convivencia y actividades que permitan a los jóvenes mantenerse alejados de las dinámicas que pueden facilitar su acercamiento a organizaciones delictivas.
La diferencia de criterios deja en evidencia dos enfoques frente a un mismo problema: mientras la propuesta presidencial contemplaba mostrar a los jóvenes el entorno penitenciario como una forma de disuasión, el ministro de Educación sostiene que la respuesta debe concentrarse en la prevención y en el fortalecimiento de las condiciones educativas y sociales de los estudiantes.
