La diputada oficialista cuestionó al Ministerio Público y a la Corte Plena por la falta de controles para garantizar una carrera fiscal con concursos transparentes.
La diputada oficialista Marta Esquivel volvió a colocar los “nombramientos a dedo” en el centro de la discusión política y ahora dirigió sus cuestionamientos contra la Fiscalía General y la Corte Plena, instituciones a las que acusa de mantener durante más de 30 años una deuda pendiente con la carrera fiscal.
El nuevo señalamiento de Esquivel ocurre pocos días después de que presentara una denuncia penal contra el anterior Directorio de la Asamblea Legislativa, encabezado por Rodrigo Arias, por presuntos nombramientos realizados al margen de los procedimientos establecidos. En aquella ocasión, la legisladora aseguró que esta práctica debe desaparecer de las instituciones públicas.
“Hoy primero de septiembre hemos presentado la denuncia penal contra el anterior directorio de la Asamblea Legislativa por hacer nombramientos a dedo”, declaró Esquivel al anunciar la acción penal.
Ahora, la diputada amplió su cuestionamiento y puso la mirada sobre el Ministerio Público. Esquivel sostiene que la Fiscalía arrastra desde 1994 una deuda relacionada con la implementación de una verdadera carrera fiscal, pese a que la Ley Orgánica del Ministerio Público estableció desde entonces la obligación de reglamentar los mecanismos de ingreso y ascenso.
La legisladora también vinculó sus críticas con la Ley Marco de Empleo Público, normativa que, según su planteamiento, exige procesos objetivos, respeto por la carrera administrativa y mecanismos orientados a que los puestos sean ocupados por las personas más capacitadas.
“Una cosa es tener la facultad de nombrar y otra muy distinta usarla para repartir puestos a dedo. ¿Cómo puede la Fiscalía exigirle al país que cumpla la ley si no pone orden en su propia casa?”, cuestionó Esquivel.
Esquivel cuestiona quién controla a la Fiscalía
La diputada considera que el problema adquiere una dimensión mayor cuando eventuales denuncias relacionadas con funcionarios o decisiones internas de la Fiscalía deben ser investigadas por la propia institución.
“¿Ante quién denunciamos a la Fiscalía? ¿Ante la misma Fiscalía? ¿Le pedimos al fiscal general que investigue sus propios nombramientos? Ese es el círculo de poder que nadie ha querido romper”, afirmó.
Esquivel también señaló a la Corte Plena por permitir, según su criterio, que esta situación se prolongue durante años sin establecer controles efectivos. Sus cuestionamientos se producen en un momento en que distintas investigaciones han vuelto a poner bajo la lupa la actuación de funcionarios vinculados con el sistema judicial.
Recientemente se dio a conocer que dos jueces y una agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) son investigados por presuntamente utilizar sus cargos para favorecer a la organización criminal relacionada con alias “Diablo”. La investigación deberá determinar las eventuales responsabilidades de los funcionarios señalados.
Para Esquivel, estos hechos se suman a otras situaciones que han generado preocupación sobre los controles dentro del Poder Judicial y refuerzan, desde su perspectiva, la necesidad de establecer reglas claras para los nombramientos.
La diputada también lanzó críticas sobre la forma en que la Fiscalía atiende los casos que llegan a su conocimiento. Aseguró que la institución puede actuar con rapidez cuando se trata de personas que la cuestionan, pero que determinados expedientes avanzarían con mayor lentitud cuando involucran a sus propias jefaturas o a personas cercanas.
“Para los amigos, puestos y privilegios; para los enemigos, todo el peso de la ley. La Fiscalía no puede perseguir a los demás por incumplir las normas mientras ella misma se salta las reglas. ¡Ya es hora de acabar con los nombramientos a dedo y la justicia a conveniencia!”, concluyó Esquivel.
Una denuncia que ya había puesto el tema sobre la mesa
El nuevo señalamiento contra la Fiscalía se suma a la denuncia penal presentada por Esquivel el 1.º de septiembre contra el anterior Directorio de la Asamblea Legislativa. En esa acción, la diputada cuestionó la supuesta designación de personas que no habrían cumplido con los requisitos establecidos o que, según su señalamiento, no habrían completado todas las etapas correspondientes del procedimiento.
“Eso realmente tiene que acabarse en el país”, afirmó entonces la legisladora, al defender el cumplimiento de las reglas de selección en las instituciones públicas.
Esquivel también dirigió en esa oportunidad un mensaje a la Fiscalía, institución que ahora vuelve a ser objeto de sus cuestionamientos. La diputada pidió que el Ministerio Público investigue la denuncia contra el anterior Directorio y advirtió sobre la posibilidad de que el expediente termine archivado.
“Así que costarricenses, esperemos que esta vez la Fiscalía se mueva a la velocidad que lo ha hecho en algunos casos que son de su interés y otros desgraciadamente los dejen engavetados”, manifestó.
