Todos fueron suspendidos de sus cargos sin goce de salario. La medida fue acordada por el Consejo Superior del Poder Judicial y quedó en firme, mientras avanza la causa penal contra los tres funcionarios.
El Consejo Superior del Poder Judicial acordó suspender sin goce de salario a dos personas juzgadoras del Juzgado Penal de Pococí y a una funcionaria del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes son investigados por un presunto favorecimiento a la estructura criminal relacionada con Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”.
La decisión administrativa fue confirmada por el Poder Judicial y, según la institución, el acuerdo ya se encuentra en firme. La medida representa una nueva consecuencia para los funcionarios señalados dentro de una investigación que también involucra a personas vinculadas con la organización criminal que operaba en la zona atlántica.
La decisión se tomó como seguimiento al proceso penal abierto contra los tres funcionarios, quienes son investigados por un supuesto favorecimiento a la estructura ligada a “Diablo”. Las autoridades buscan determinar si utilizaron sus cargos o funciones para beneficiar a personas vinculadas con la organización criminal.
Previamente, el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública había ordenado como medida cautelar la suspensión de sus cargos mientras avanzaban las diligencias. Ahora, el Consejo Superior formalizó la suspensión administrativa sin salario.
El caso forma parte de una investigación más amplia sobre posibles nexos entre funcionarios judiciales y la estructura criminal atribuida a Alejandro Arias Monge, quien fue señalado por las autoridades como uno de los principales líderes del narcotráfico en la zona atlántica del país.
Las pesquisas buscan establecer si los funcionarios investigados habrían intervenido, directa o indirectamente, en actuaciones judiciales o administrativas que pudieran beneficiar a integrantes de la organización. También se analiza si existieron posibles irregularidades en el cumplimiento de sus funciones.
Por el momento, el Poder Judicial no informó sobre una fecha para la conclusión de la investigación ni sobre eventuales sanciones definitivas. Mientras tanto, los tres funcionarios permanecerán suspendidos sin recibir salario, de acuerdo con el acuerdo adoptado por el Consejo Superior.
El proceso penal continúa bajo reserva en los aspectos que la ley establece, por lo que cualquier responsabilidad deberá ser determinada por las autoridades judiciales mediante una resolución firme. Hasta entonces, los involucrados mantienen su condición de investigados.
