Los tres funcionarios deberán cumplir medidas cautelares durante seis meses, mientras que Gelen Arias Monge salió sin ninguna restricción. La Fiscalía apeló la decisión sobre el juez Ricardo Valverde, para quien solicitó prisión preventiva.
Una jueza del Juzgado Penal de Hacienda dejó en libertad a las cuatro personas detenidas esta semana dentro de la investigación que sacude los Tribunales de Pococí por presuntos vínculos de funcionarios judiciales con la estructura criminal de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”.
La resolución beneficia a los jueces Ricardo Valverde López y Oliver Ramírez Valverde, a la oficial del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) Hazel Rojas Víquez y a Gelen Magaly Arias Monge, hermana del narcotraficante “Diablo”.
A los tres funcionarios se les impusieron medidas cautelares no privativas de libertad durante seis meses. Arias Monge, en cambio, quedó libre sin ninguna restricción dentro de esta causa.
La decisión se conoció al finalizar la audiencia de medidas cautelares, realizada luego de los allanamientos y detenciones ejecutados por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
Los dos jueces y la oficial del OIJ deberán cumplir las siguientes medidas:
- Firmar cada 15 días.
- No salir del país.
- Mantener un domicilio fijo.
- Permanecer suspendidos de sus cargos.
- No acercarse a los Tribunales de Pococí.
- No comunicarse con funcionarios de los despachos donde trabajaban.
Las restricciones permanecerán vigentes durante seis meses.
Fiscalía apeló libertad de Valverde
El Ministerio Público solicitó prisión preventiva únicamente contra Ricardo Valverde López, considerado uno de los principales investigados del expediente.
La jueza rechazó la petición y permitió que el funcionario afronte el proceso en libertad, sujeto a las medidas cautelares ordenadas.
La Fiscalía apeló inmediatamente lo resuelto respecto de Valverde, por lo que una autoridad judicial superior deberá revisar la decisión.
Mientras esa impugnación se resuelve, el juez permanecerá en libertad.
El expediente atribuye a Valverde presuntas actuaciones dirigidas a favorecer intereses particulares, intervenir en asuntos relacionados con personas cercanas y divulgar información reservada obtenida debido a su cargo.
Entre las personas relacionadas con el funcionario aparece Gelen Arias, hermana de “Diablo”, con quien la resolución señala que mantuvo una relación sentimental y un encuentro sexual dentro de su oficina.
El juez había intervenido previamente en el denominado caso Colorado, una causa penal en la que Arias Monge figuraba como imputada.
Hermana de “Diablo” salió sin medidas
A diferencia de los tres funcionarios judiciales, la jueza no impuso ninguna medida cautelar contra Gelen Arias.
La hermana de “Diablo” podrá continuar el proceso sin obligación de firmar, impedimento de salida del país ni otra restricción relacionada con este expediente.
Arias Monge había sido detenida durante los allanamientos efectuados en Pococí como parte de la investigación sobre una supuesta red de funcionarios que habría favorecido intereses vinculados con la organización criminal de su hermano.
“Diablo” estuvo prófugo durante una década
Alejandro Arias Monge fue considerado durante aproximadamente diez años el hombre más buscado por la Policía costarricense.
Durante ese periodo, las autoridades lo señalaron como el presunto líder de una poderosa organización criminal con operaciones en Pococí y otros sectores del Caribe.
Su extensa fuga terminó hace pocas semanas, cuando fue detenido durante un fuerte operativo policial.
La captura no puso fin a las investigaciones alrededor de su estructura. Por el contrario, las autoridades continuaron las diligencias para identificar a las personas que presuntamente colaboraron con la organización desde instituciones públicas.
Esa línea investigativa condujo a los allanamientos y detenciones de los dos jueces, la oficial del OIJ y la hermana de Arias.
El caso contempla posibles delitos contra los deberes de la función pública y otras conductas relacionadas con corrupción, divulgación de información y procuración de impunidad.
Los hechos permanecen bajo investigación y las personas señaladas conservan su estado de inocencia mientras no exista una sentencia firme en su contra.
