La historia del juez coordinador de Pococí, Ricardo Valverde López, es el retrato de un abuso de poder que culminó en un durísimo golpe a su carrera y a sus ingresos laborales. En cuestión de días, el alto funcionario judicial pasó de controlar la justicia penal en el Caribe y maniobrar las arcas públicas para su beneficio personal a quedar suspendido de su cargo, sin salario mensual y acorralado en el mayor proceso anticorrupción de los últimos años.
El Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública dictó en su contra una de las medidas cautelares más severas del sistema legal costarricense: la suspensión del cargo sin goce de salario, cortándole de golpe el flujo de dinero público con el que alimentaba una compleja red de privilegios, cobros irregulares y relaciones sentimentales.
El arte de facturar dinero público por "pasión" y engaños
Durante años, el expediente 25-009138-0042-PE demuestra que Valverde López no desperdició oportunidad para sacarle provecho financiero a su investidura.
Una de sus tretas más lucrativas fue la estafa del plus salarial por "zonaje". Para cobrar un 15% adicional sobre su salario base (aproximadamente ¢70.000 colones netos por mes por concepto de desarraigo), el juez declaró ante el Poder Judicial que su residencia fija estaba en Cinchona de Alajuela, en Sarapiquí. No obstante, las pesquisas del OIJ mediante rastreo de radiobases telefónicas e inspecciones de campo confirmaron que vivía cómodamente en Buenos Aires de Pococí. Cuando sintió el acoso de la auditoría, no dudó en traspasar la finca en donación a su esposa, la agente del OIJ Hazel Rojas Víquez, para borrar su nombre del inmueble y seguir cobrando el plus estatal.
A este engaño sistemático se sumó el descarado cobro de horas extras por encuentros íntimos. El 26 de marzo de 2026, el juez reportó falsamente que laboró de 18:30 a 19:35 horas auxiliando en un allanamiento contra el crimen organizado en Moín, cobrando ¢26.614,67 colones adicionales. En realidad, las cámaras ocultas de la policía lo grabaron encerrado a oscuras en su oficina manteniendo relaciones sexuales durante 17 minutos con una usuaria del juzgado.
Incluso buscó ingresos paralelos en la informalidad: el expediente documenta que mantenía un negocio pecuario clandestino de compra y venta de terneros en sociedad con un sujeto de nacionalidad colombiana de apellido Roldán Restrepo, quien enfrentaba una causa penal por delitos graves, ganancia que le reportaba "cien mil cañas" extra al mes sin ningún control tributario ni sanitario.
De la bonanza salarial al freno de sus ingresos
El contraste con su realidad actual es drástico. Tras los masivos allanamientos ejecutados el pasado 1 de setiembre por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) y el OIJ, el escenario del juzgador cambió por completo.
Aunque en esta etapa incipiente del proceso penal sus bienes personales y propiedades no han sido embargados ni decomisados, la resolución judicial del Juzgado Penal de Hacienda le asestó un frenazo económico inmediato al arrebatarle el derecho a percibir un solo colón del Estado mientras dure la investigación, imponiéndole además un aislamiento total de las estructuras de poder que solía manejar:
- Cero ingresos del Estado: Al aplicársele la suspensión sin goce de salario, el juez perdió de forma inmediata su sueldo ordinario y cualquier cobro de horas extras o pluses, quedando sin su principal ingreso mensual para afrontar el proceso legal.
- Prohibición de pisar tribunales: La jueza le prohibió de forma expedita acercarse a la sede del Juzgado Penal de Pococí o a cualquier otra dependencia judicial de la Zona Atlántica, así como ingresar al edificio central en San José, cortando de raíz cualquier intento de injerencia en el personal.
- Aislamiento de testigos e imputados: Se le ordenó la prohibición absoluta de comunicarse con empleados judiciales, testigos, o cualquiera de los demás imputados de la causa, bajo la amenaza de ser enviado de forma directa a prisión preventiva en un centro penal si viola la medida.
Al borde de penas de cárcel históricas
Atrás quedaron las tardes de impunidad en las que recibía a la hermana del peligroso criminal alias "Diablo" para ser llamado "chiquitico" o redactaba escritos a sus amantes en papel oficial del Poder Judicial.
Hoy, Ricardo Valverde López aguarda el avance del proceso en libertad condicional pero con sus ingresos públicos congelados y apartado de su despacho, enfrentando una batería de cargos que incluyen procuración de impunidad, cohecho (soborno), falsedad ideológica, peculado de uso y enriquecimiento ilícito.
De ser hallado culpable en un eventual juicio oral y público, el juzgador que cobraba horas extras por sexo y mentía sobre su residencia podría cambiar el despacho judicial que solía cerrar con llave por una celda en un centro penal, cerrando así uno de los capítulos más bochornosos en la historia del Poder Judicial costarricense.
