La propuesta analizará si una persona bajo investigación debe regresar a su puesto y ordena agilizar los procesos de empleados judiciales suspendidos con goce de salario.
La Corte Suprema de Justicia comenzó una revisión de las reglas relacionadas con las medidas cautelares para determinar si la legislación actual permite responder adecuadamente ante el avance del crimen organizado y la corrupción.
El análisis pondrá especial atención en aquellos casos en los que una decisión judicial pueda provocar la reinstalación de una persona trabajadora mientras permanece bajo investigación por hechos relacionados con alguna de estas actividades.
La intención es determinar cómo el regreso de un funcionario investigado puede afectar el funcionamiento de una institución, la protección del interés público y el desarrollo del proceso en su contra.
Las salas Primera, Segunda y Tercera tendrán un plazo de 15 días para estudiar las normas aplicadas en procesos penales, laborales y contencioso-administrativos. Posteriormente podrán presentar propuestas para modificar o precisar la legislación.
La decisión fue tomada por Corte Plena este lunes 7 de setiembre, ante la necesidad de adaptar el marco legal a las nuevas realidades que enfrenta Costa Rica.
“El derecho tiene que responder a las necesidades que demanda la realidad social”, manifestó el magistrado de la Sala Constitucional Paul Rueda, uno de los impulsores de la iniciativa.
Rueda explicó que la revisión pretende establecer con mayor claridad cuáles elementos deben analizar los jueces antes de imponer una medida cautelar.
Casos de funcionarios judiciales tendrán prioridad
Corte Plena también acordó ordenar una atención diligente y prioritaria a los procesos en los que aparezcan funcionarios judiciales investigados por presuntos actos de corrupción.
La disposición busca evitar que estos expedientes permanezcan paralizados mientras existen decisiones pendientes sobre medidas cautelares, sentencias o recursos.
Uno de los puntos que preocupa a las autoridades judiciales es el costo que representa mantener durante largos periodos a funcionarios suspendidos con goce de salario, además de las consecuencias que estas situaciones pueden provocar en el servicio de justicia.
La propuesta fue presentada por la magistrada de la Sala Primera Damaris Vargas y pretende acelerar las resoluciones cuando la legislación permita darles prioridad.
No podrán cambiar decisiones ya tomadas
La Corte aclaró que la iniciativa no permitirá revisar resoluciones judiciales concretas ni ordenarles a los jueces cómo resolver un determinado expediente.
“La Corte no puede entrar a valorar o revisar decisiones jurisdiccionales concretas”, señaló la magistrada Patricia Vargas.
En materia penal, las medidas cautelares incluyen la prisión preventiva, el arresto domiciliario, la presentación periódica ante un tribunal, el impedimento de salida del país, la suspensión del cargo, la entrega del pasaporte y el pago de una fianza.
La prisión preventiva únicamente puede ordenarse cuando existen indicios de un delito y riesgos como una posible fuga, la obstaculización de la investigación o la reiteración delictiva. La Corte recordó que esta medida no representa una condena anticipada.
