La institución asegura que Hacienda condicionó el acceso a ₡29.843,8 millones y advierte que el trámite podría extenderse durante meses.
El Poder Judicial lanzó una advertencia sobre el impacto que podría tener el bloqueo de casi ₡30 mil millones de su presupuesto para 2027, al señalar que las condiciones establecidas para liberar esos recursos podrían retrasar su disponibilidad y afectar la operación de distintas áreas.
Según explicó la institución, de los ₡530.973,2 millones asignados en el proyecto de Presupuesto Nacional para el próximo año, ₡29.843,8 millones quedaron sujetos al cumplimiento de una serie de requisitos y autorizaciones.
El Poder Judicial cuestiona principalmente que el mecanismo definido por el Ministerio de Hacienda no establece un plazo concreto para liberar los recursos. Entre las condiciones figuran estados financieros auditados, certificaciones de la Contraloría General de la República, el conocimiento de una comisión legislativa y la aprobación del Plenario.
La institución advierte que, incluso después de cumplir esos requisitos, el proceso legislativo podría extenderse por un periodo similar al trámite de un presupuesto extraordinario, que puede alcanzar hasta 93 días naturales, sin contar las etapas previas.
Ana Romero Jenkins, directora ejecutiva del Poder Judicial, señaló que la situación genera dificultades para planificar contrataciones y obligaciones que deben atenderse desde el inicio del año.
“Hay que entender la responsabilidad institucional desde un enfoque contractual. Tenemos que garantizar el pago, durante el año, de los contratos vigentes; no podemos adquirir compromisos sin tener certeza de los recursos”, explicó.
Equipo policial y ciberseguridad están entre las áreas en riesgo
De acuerdo con el Poder Judicial, una eventual disponibilidad tardía del dinero podría obligar a reprogramar compras, contrataciones y proyectos, e incluso dificultar que los recursos sean utilizados durante el periodo presupuestario para el cual fueron aprobados.
Entre las áreas que podrían verse afectadas está el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), particularmente en la adquisición y mantenimiento de equipo policial, científico, médico, tecnológico, de laboratorio y comunicaciones.
La institución también advierte sobre posibles limitaciones para mantener sistemas de ciberseguridad, actualizar infraestructura tecnológica y desarrollar herramientas digitales necesarias para la prestación de los servicios judiciales.
Otro punto de preocupación son las plazas vacantes. Según el Poder Judicial, el procedimiento establecido podría retrasar la sustitución de funcionarios que se jubilen o fallezcan, incluyendo personas juzgadoras, lo que eventualmente podría afectar la continuidad de procesos.
La conectividad nacional también podría verse comprometida debido a los contratos de enlaces de fibra óptica que conectan oficinas, sedes, centros de datos y sistemas judiciales en diferentes zonas del país.
Asimismo, la institución señala que la restricción presupuestaria podría obligar a revisar la continuidad de algunos despachos y oficinas ubicados en zonas periféricas, con un eventual impacto en el acceso presencial de la ciudadanía a los servicios de justicia.
Corte Plena pide defender el presupuesto
Durante una sesión de Corte Plena, representantes de diferentes áreas insistieron en que el Poder Judicial no se opone a la fiscalización ni a los controles sobre el uso de fondos públicos.
La institución recordó que históricamente se ha sometido a las auditorías y controles de la Contraloría General de la República y que mantiene disposición para entregar la información necesaria sobre el manejo de los recursos.
La diferencia, según la posición expuesta por el Poder Judicial, está en el mecanismo utilizado para fiscalizar los fondos, pues considera que los controles no deberían impedir que los recursos puedan ejecutarse oportunamente durante el año correspondiente.
Ante este escenario, Corte Plena acordó encargar a la Presidencia del Poder Judicial las gestiones necesarias ante los poderes Ejecutivo y Legislativo para defender el presupuesto institucional.
La institución también aclaró dos aspectos relacionados con recursos que han generado discusión pública. El fideicomiso para infraestructura judicial, indicó, es de $82 millones, y no de $660 millones o $700 millones.
Además, señaló que los depósitos judiciales no pertenecen al Poder Judicial. Se trata de recursos de personas usuarias vinculados con procesos judiciales, como embargos, retenciones y pensiones alimentarias, que son administrados y posteriormente girados según las órdenes judiciales correspondientes.
Con la advertencia sobre los ₡29.843,8 millones, el Poder Judicial busca que el debate presupuestario tome en cuenta las posibles consecuencias de una liberación tardía de esos fondos sobre la investigación criminal, la tecnología, la atención al público y la continuidad de los servicios durante 2027.
