Ricardo Olivas Valle fue declarado culpable de 33 delitos de peculado por el caso Gallo Tapado, un desfalco que se extendió durante varios años y quedó registrado en cámaras de seguridad.
El extesorero del Banco Nacional, Ricardo Olivas Valle, pasará 30 años en prisión luego de que el Tribunal Penal de Hacienda y Función Pública lo declarara culpable este jueves por su participación en la extracción de ₡3.293 millones de las bóvedas de la sede central de la entidad bancaria.
Olivas fue encontrado culpable de 33 delitos de peculado. Por cada uno de los delitos se le impuso una pena de 10 años, para un total aritmético de 330 años de prisión. Sin embargo, la legislación establece un límite para el cumplimiento de las penas, por lo que la condena fue finalmente readecuada a 30 años de cárcel.
La sentencia acogió parcialmente la solicitud planteada por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), que había acusado al extesorero por los mismos 33 delitos y solicitado una pena total de 339 años de prisión.
El caso, conocido como Gallo Tapado, permitió descubrir uno de los mayores desfalcos registrados dentro de la institución. El dinero sustraído de las bóvedas equivalía aproximadamente a $6 millones y habría sido extraído mediante un método conocido como “hormigueo”, consistente en retirar cantidades de dinero de manera progresiva para evitar levantar sospechas.
Así habría funcionado el millonario robo
Olivas, quien tenía 37 años y trabajaba para el Banco Nacional desde 2014, aprovechaba sus funciones como tesorero para retirar fajos de billetes y ocultarlos dentro de sobres de manila.
La investigación determinó que utilizaba un horario diferenciado, entre aproximadamente 4:16 p. m. y 5:27 p. m., cuando buena parte del personal ya había abandonado las instalaciones.
Además, el funcionario habría identificado un punto ciego en la cobertura de las cámaras de seguridad del Centro Institucional de Procesamiento de Efectivo (CIPE).
En ese lugar, sin visibilidad de las cámaras, introducía los fajos de dinero dentro de sobres de manila amarillos antes de retirarse del edificio.
Un guarda habría permitido sacar los sobres
Según las pruebas analizadas durante el proceso, Olivas enfrentaba una última barrera para sacar el dinero de las instalaciones: los controles de seguridad ubicados a la salida.
El guarda de seguridad de apellidos Bolaños Zúñiga era quien debía revisar los objetos que salían del edificio.
Sin embargo, las grabaciones mostraron que presuntamente habría omitido revisar los sobres que llevaba Olivas, lo que habría permitido que el extesorero sacara el dinero de las instalaciones sin que se detectara el contenido.
La investigación también determinó que el esquema pudo mantenerse durante varios años debido a la ausencia de arqueos físicos y auditorías exhaustivas en la tesorería encargada del procesamiento de efectivo.
El periodo investigado comprende principalmente los años 2019 a 2023, hasta que el faltante fue detectado internamente por el Banco Nacional.
¿En qué gastaba el dinero?
Una de las particularidades que llamó la atención de los investigadores fue el destino que habría tenido buena parte de los recursos sustraídos.
Según la acusación y los elementos expuestos durante el proceso, Olivas destinó grandes cantidades de dinero a la compra de lotería de la Junta de Protección Social (JPS).
La enorme cantidad de fracciones adquiridas le permitió obtener diversos premios. Estos posteriormente eran utilizados para intentar justificar el origen de los recursos que manejaba.
Durante un allanamiento realizado en su vivienda, las autoridades localizaron cerca de 3.000 fracciones de lotería.
La Fiscalía también señaló que otros funcionarios bancarios habrían colaborado en acciones relacionadas con el encubrimiento o facilitación del esquema. Esos trabajadores, sin embargo, son investigados dentro de una causa judicial separada.
El caso fue descubierto en octubre de 2023
El Banco Nacional detectó internamente el faltante en octubre de 2023. De acuerdo con la información del caso, Olivas tramitó su jubilación el 4 de octubre, apenas un día después de que se descubriera la sustracción.
La denuncia ante las autoridades judiciales fue presentada 21 días después.
Posteriormente, en noviembre de ese mismo año, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y funcionarios del Ministerio Público realizaron allanamientos relacionados con la investigación y detuvieron al extesorero.
Desde entonces, Olivas permanecía en prisión preventiva mientras avanzaba el proceso judicial que terminó este jueves con la declaración de culpabilidad y la condena de 30 años.
PGR también pidió indemnización
Durante el proceso también intervino la Procuraduría General de la República (PGR), que presentó sus conclusiones y solicitó una indemnización de ₡50 millones por daño moral.
El argumento de la Procuraduría se relacionó con el impacto que el desfalco tuvo sobre la imagen del Banco Nacional.
Según la PGR, el caso provocó una afectación pública a la institución debido a la gran cantidad de memes, chistes y burlas que circularon a raíz del millonario robo.
