Un abogado pidió investigar al expresidente Rodrigo Chaves, al exjerarca del INA Christian Rucavado y al actual presidente ejecutivo Edgar Oviedo por posibles irregularidades relacionadas con un contrato para impartir inglés mediante una plataforma virtual. La denuncia solicita esclarecer el uso de recursos públicos y determinar si existieron influencias políticas en la contratación.
Redacción- El expresidente de la República Rodrigo Chaves Robles y dos jerarcas del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) fueron denunciados penalmente ante el Ministerio Público por una posible desviación o distracción de fondos públicos destinados a programas de enseñanza del inglés, según documentación a la que tuvo acceso CR Hoy.
La denuncia fue presentada este lunes 10 de agosto por el abogado José Eduardo Vargas Rivera ante la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José, de acuerdo con la información verificada por CR Hoy. La gestión incluye también al expresidente ejecutivo del INA Christian Rucavado Leandro y al actual presidente ejecutivo de la institución, Edgar Oviedo Blanco, quien asumió el cargo en mayo de 2026.
El caso está relacionado con una contratación realizada por el INA para ofrecer enseñanza del idioma inglés mediante el consorcio Say Pura Vida By Open Education & RACSA, bajo un modelo basado en licencias de acceso a una plataforma virtual operada por Open English, según consta en el expediente revisado por CR Hoy.
La denuncia solicita al Ministerio Público determinar si antes de adjudicar el servicio existieron estudios técnicos suficientes para demostrar la eficacia pedagógica del modelo utilizado. También plantea interrogantes sobre los mecanismos implementados por el INA para verificar el uso de las licencias y medir los resultados obtenidos por las personas beneficiarias.
Entre los aspectos que se pide investigar está la cantidad de personas que utilizaron efectivamente las licencias, cuántas completaron los cursos y cuáles fueron los resultados alcanzados en su dominio del inglés. Además, se solicita determinar cuántos participantes obtuvieron certificaciones reconocidas o lograron una inserción laboral relacionada con la capacitación.
El comprobante emitido por el Poder Judicial, al que tuvo acceso CR Hoy, identifica el caso como una “Solicitud de investigación Penal contra Rodrigo Chaves Robles por posible desviación de fondos del INA”. La gestión solicita investigar eventuales delitos relacionados con la contratación, administración, supervisión y control de recursos públicos.
Entre las figuras penales mencionadas en la denuncia se encuentran tráfico de influencias, favorecimiento real y peculado. No obstante, el propio documento señala que la presentación de la denuncia no implica una atribución anticipada de responsabilidad penal contra las personas señaladas y que corresponde al Ministerio Público determinar si existen elementos suficientes para abrir o desarrollar una investigación, según la documentación revisada por CR Hoy.
¿Cuánto dinero se destinó al contrato del INA?
Otro de los puntos centrales de la gestión consiste en establecer con precisión el monto de recursos públicos comprometidos y efectivamente desembolsados para el programa de enseñanza del inglés.
La denuncia menciona un contrato de aproximadamente $74 millones anuales durante cuatro años, además de un costo cercano a $80 por licencia. Sin embargo, el abogado solicita a las autoridades reconstruir el monto real de la contratación debido a que algunos datos públicos describen el servicio bajo un esquema de demanda, según el expediente consultado por CR Hoy.
Para ello, pide revisar las reservas presupuestarias, órdenes de compra, facturas y pagos realizados, así como el expediente completo de contratación disponible en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
La gestión también solicita determinar cuántas licencias fueron adquiridas por el INA, cuántas fueron activadas, cuántas permanecieron sin utilizar y cuántos beneficiarios completaron o abandonaron el programa. Con esos datos se pretende establecer el costo efectivo por licencia utilizada y por persona que concluyó la capacitación.
Denuncia también menciona a Rodrigo Chaves
La participación del expresidente Rodrigo Chaves es otro de los elementos que la denuncia solicita esclarecer. El documento hace referencia a su condición de mandatario durante la etapa en que el Gobierno impulsó públicamente la estrategia de bilingüismo.
El denunciante pide determinar si Chaves utilizó su posición o ejerció algún tipo de influencia política para incidir en decisiones relacionadas con el INA o en la contratación del servicio de enseñanza del inglés. Sin embargo, la propia gestión señala que esta circunstancia deberá ser comprobada o descartada mediante una investigación.
También se solicita analizar la actuación de Christian Rucavado Leandro, quien ocupó la Presidencia Ejecutiva del INA durante parte del proceso de adjudicación y durante el inicio de la ejecución del contrato.
La denuncia incorpora además referencias a la salida del exjerarca del INA Juan Alfaro López, quien fue destituido en agosto de 2024 después de que el Gobierno cuestionara los avances de la estrategia de bilingüismo. El documento plantea que ese antecedente podría ser relevante para determinar si existieron presiones o instrucciones políticas relacionadas con la ejecución de la estrategia.
No obstante, la denuncia también aclara que la destitución de Alfaro, por sí misma, no constituye evidencia de la comisión de un delito.
Solicitan revisar documentos y valorar allanamiento
Entre las diligencias solicitadas al Ministerio Público figura la posibilidad de pedir a un juez una orden de allanamiento, registro y secuestro de evidencia en instalaciones del INA, en caso de que las autoridades consideren que esa medida resulta necesaria para preservar documentos físicos o archivos digitales.
La petición incluye dependencias como la Presidencia Ejecutiva, Proveeduría, departamentos técnicos, archivos y áreas de tecnología de información. El objetivo sería resguardar información relacionada con el proceso de contratación, comunicaciones, bases de datos de licencias y beneficiarios, facturas, pagos y auditorías.
El abogado también solicitó tomar declaración a funcionarios y exfuncionarios vinculados con el proceso, entre ellos el exjerarca Juan Alfaro López y la exintegrante de la Junta Directiva del INA Eleonora Badilla Saxe, según la información recopilada por CR Hoy. Además, pidió escuchar a funcionarios que participaron en la adjudicación y a representantes de RACSA y del proveedor privado.
