Proyecto sacude al Poder Judicial: Corte Suprema perdería gran parte del control administrativo

Una iniciativa legislativa plantea trasladar al Consejo Superior decisiones clave sobre presupuesto, personal, nombramientos y disciplina.

La Corte Suprema de Justicia podría perder gran parte del control administrativo que actualmente ejerce sobre el Poder Judicial, como parte de una profunda reorganización interna propuesta mediante un proyecto presentado en la Asamblea Legislativa.

La iniciativa, impulsada por la diputada Marta Esquivel Rodríguez, busca que las magistraturas concentren su trabajo en impartir justicia, unificar la jurisprudencia y definir la dirección estratégica de la institución, mientras que la gestión cotidiana quedaría principalmente en manos del Consejo Superior.

El cambio no sería menor. De aprobarse la propuesta, Corte Plena dejaría de intervenir de manera ordinaria en decisiones relacionadas con la administración operativa, la gestión financiera, los recursos humanos, la tecnología y la disciplina de la mayoría de los funcionarios judiciales.

Todas estas competencias serían asumidas por un Consejo Superior fortalecido, que tendría bajo su responsabilidad la administración integral del Poder Judicial.

Entre sus nuevas atribuciones estaría ejecutar el presupuesto institucional, dirigir los procesos de transformación digital, resolver contrataciones y licitaciones, administrar proyectos de infraestructura y supervisar el funcionamiento operativo de las oficinas judiciales.

También tendría la potestad de efectuar los nombramientos ordinarios de jueces, juezas y demás personal, así como ordenar traslados, suspensiones, licencias, remociones y rehabilitaciones de funcionarios, de acuerdo con los procedimientos correspondientes.

Corte conservaría nombramiento de altos cargosLa Corte Suprema mantendría el nombramiento de las principales autoridades judiciales, aunque tendría que escogerlas a partir de ternas técnicas elaboradas por el Consejo Superior mediante procesos públicos, objetivos y meritocráticos.

Entre esos cargos se encuentran la persona que ocupe la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General Adjunta, la Dirección y Subdirección del Organismo de Investigación Judicial, la Auditoría Judicial y las jefaturas de la Defensa Pública.

Sin embargo, Corte Plena dejaría de participar en los nombramientos ordinarios de jueces de determinadas categorías y en los procesos comunes de administración del personal judicial.

La propuesta pretende reducir la influencia administrativa de los magistrados y separar con mayor claridad las funciones de quienes imparten justicia de aquellas vinculadas con la gestión de la institución.

Magistrados fuera de comisiones administrativasOtro de los cambios relevantes establece que los magistrados no podrán integrar comisiones administrativas, operativas o técnicas permanentes relacionadas con la gestión ordinaria del Poder Judicial.

Su participación quedaría limitada a comisiones relacionadas con la función jurisdiccional, la unificación de la jurisprudencia, la política judicial superior, las relaciones internacionales y los asuntos constitucionales o estratégicos.

El objetivo declarado es liberar a los magistrados de responsabilidades administrativas que consumen tiempo y recursos, para que se concentren en la resolución de los asuntos judiciales.

Menos posibilidades de intervenciónEl proyecto también limita la posibilidad de que la Corte Suprema intervenga directamente en decisiones adoptadas por el Consejo Superior.

Corte Plena únicamente podría asumir uno de esos asuntos cuando esté relacionado con la política judicial estratégica, la independencia judicial, la planificación institucional general o una situación excepcional que comprometa gravemente el funcionamiento del Poder Judicial.

No podría intervenir ordinariamente en decisiones sobre personal, operación institucional, administración cotidiana o régimen disciplinario.

Consejo Superior asumiría la disciplina ordinariaLa Corte Suprema conservaría la potestad disciplinaria sobre magistrados y algunas de las principales autoridades de la institución.

No obstante, el Consejo Superior se encargaría de resolver los procedimientos disciplinarios ordinarios contra jueces y demás funcionarios judiciales.

La Inspección Judicial tendría principalmente una función investigadora y remitiría los casos al Consejo para que adopte la decisión correspondiente.

Con este modelo se pretende separar la investigación de las eventuales sanciones y reducir la concentración de competencias disciplinarias en Corte Plena.

Una transformación del poder internoAunque la propuesta se presenta como una reorganización orientada a mejorar la eficiencia y profesionalizar la administración, su aprobación implicaría un cambio significativo en la distribución interna del poder.

La Corte Suprema conservaría su autoridad jurisdiccional, la dirección estratégica, la independencia judicial, la unificación de la jurisprudencia y la representación institucional.

Sin embargo, perdería buena parte de la intervención directa que actualmente mantiene sobre el presupuesto, el personal, las contrataciones, la tecnología, la infraestructura y la disciplina ordinaria.

El Consejo Superior pasaría de ejercer competencias administrativas parciales a convertirse en el principal órgano encargado de administrar el Poder Judicial, una transformación que podría provocar un amplio debate entre magistrados, jueces, funcionarios, sindicatos y sectores políticos.