La Escuela de Formación Docente deberá determinar si corresponde ejercer la potestad disciplinaria contra el académico por sus expresiones durante un plantón
Las expresiones ofensivas lanzadas contra la presidenta de la República, Laura Fernández, durante el denominado “Plantón en defensa de la Democracia” podrían tener consecuencias dentro de la Universidad de Costa Rica (UCR).
La Rectoría trasladó a la Escuela de Formación Docente el análisis disciplinario relacionado con el profesor de apellidos Ugalde Fajardo, quien labora en esa unidad académica y fue señalado por realizar los polémicos comentarios contra la mandataria.
Según comunicó la Universidad, será esa Escuela la encargada de determinar si corresponde “ejercer la potestad disciplinaria” conforme con la normativa interna de la institución.
Esto significa que, por el momento, no se ha anunciado una sanción contra el docente, sino que el caso quedó en manos de la instancia competente para analizar lo ocurrido y definir si procede alguna actuación disciplinaria.
La decisión llega luego de que la propia UCR se desmarcara públicamente de las expresiones utilizadas contra Fernández y señalara que ese tipo de manifestaciones no corresponden con los valores que debe promover una institución universitaria.
“Los calificativos empleados en esta ocasión resultan incompatibles con el respeto que debe prevalecer en el debate público y, especialmente, con los valores que una institución universitaria está llamada a promover”, manifestó la UCR.
La Universidad recalcó, al mismo tiempo, que reconoce el derecho de todas las personas a cuestionar a quienes ejercen cargos públicos y expresar libremente sus diferencias y desacuerdos.
Sin embargo, estableció una separación entre el ejercicio de la crítica y el empleo de expresiones ofensivas dentro de la discusión pública.
Diputada puso la lupa sobre el profesor
Paralelamente, la diputada oficialista Nayuribe Guadamuz solicitó a la Universidad información detallada relacionada con el profesor.
Entre los datos requeridos figuran su vínculo laboral con la institución, trayectoria académica, funciones, remuneraciones, evaluaciones y eventuales antecedentes administrativos correspondientes a los últimos 10 años.
La UCR comunicó a la legisladora que necesitará 10 días hábiles adicionales para responder completamente a la solicitud.
El rector Carlos Araya explicó que se trata de información extensa y compleja que se encuentra distribuida entre distintas oficinas universitarias, por lo que la institución requiere más tiempo para recopilarla.
El caso mantiene ahora dos frentes abiertos: por un lado, la recopilación de la información solicitada por la diputada y, por otro, el análisis que deberá realizar la Escuela de Formación Docente para determinar si las actuaciones atribuidas al profesor ameritan el inicio de un procedimiento disciplinario.
