El Gobierno respondió al magistrado Jorge Araya García con una lista de investigaciones que han involucrado a funcionarios judiciales y volvió a defender las afirmaciones de la presidenta Laura Fernández sobre la supuesta infiltración del crimen organizado en estructuras del Poder Judicial.
La Presidencia de la República elevó nuevamente la tensión con el Poder Judicial y puso sobre la mesa una serie de casos judiciales para sostener los cuestionamientos de la presidenta Laura Fernández sobre la supuesta penetración del narcotráfico y otras estructuras criminales dentro de esa institución.
La respuesta del Ejecutivo se produjo después de que el magistrado Jorge Araya García cuestionara públicamente a Fernández por no contestar una solicitud de información presentada el pasado 28 de julio, en la cual pidió conocer las pruebas que sustentaban las afirmaciones de la mandataria.
Araya realizó la gestión en calidad de ciudadano y posteriormente señaló que había transcurrido el plazo de 10 días hábiles contemplado en el artículo 27 de la Constitución Política sin obtener respuesta.
Horas después, Presidencia remitió un oficio y lejos de retirar o moderar los cuestionamientos, reafirmó la posición de Fernández.
“Se puede constatar a partir de los antecedentes y casos de extrema gravedad conocidos públicamente”, señaló el Ejecutivo al justificar sus afirmaciones.
El documento fue suscrito por Alexander Astorga Monge, director del despacho presidencial, quien indicó que actuó siguiendo instrucciones de la mandataria.
Gobierno pone expedientes sobre la mesa
Entre los antecedentes mencionados por Presidencia aparece el denominado Caso Talamanca, de 2021, en el cual, según el Ejecutivo, un juez penal y un fiscal fueron acusados de facilitar impunidad, devolver bienes decomisados y suministrar información anticipada sobre intervenciones telefónicas a personas relacionadas con organizaciones criminales.
También se menciona el Caso Corruptela, en Limón, correspondiente a los años 2022 y 2023. La investigación involucró, según la respuesta gubernamental, a técnicos judiciales, defensores públicos y un exjuez, bajo sospechas que incluían supuestos cobros para desestimar causas y alertar sobre futuros allanamientos.
Presidencia incorporó además los casos Paso Canoas y Sartra, también de 2022 y 2023, al señalar presuntas fugas de información provenientes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y tribunales.
Entre los hechos citados aparecen asimismo sospechas sobre la supuesta venta de claves para ingresar a sistemas informáticos y bases de datos, además de alertas que habrían terminado en manos de organizaciones relacionadas con el tráfico internacional de cocaína.
Otro expediente señalado es el caso La Unión, de 2024, en el cual tres fiscales y tres jueces fueron investigados por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y violación de secretos.
Celso Gamboa entra en la respuesta
Uno de los nombres de mayor peso político y judicial mencionado por el Gobierno es el del exmagistrado de la Sala Tercera y exfiscal adjunto Celso Gamboa Sánchez.
Presidencia recordó su arresto con fines de extradición hacia Estados Unidos y señaló las acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses relacionadas con una supuesta conspiración para el tráfico de drogas y presunta asesoría y protección legal a estructuras vinculadas con el narcotráfico internacional.
El Ejecutivo también incorporó el Caso Madre Patria como otro de los antecedentes que, a su criterio, permiten hablar de una posible penetración de organizaciones criminales en estructuras judiciales, debido a investigaciones contra jueces y agentes judiciales por una eventual colaboración con la organización investigada.
Presidencia devuelve la presión al Poder Judicial
La respuesta no se limitó a enumerar investigaciones. El Gobierno también trasladó parte del cuestionamiento directamente hacia las autoridades superiores del Poder Judicial.
Presidencia sostuvo que la cúpula judicial cuenta con facultades de fiscalización, control y acceso a información relacionada con expedientes abiertos contra funcionarios de la propia institución.
Además, indicó que el tema fue incorporado en la agenda de la última sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública con el objetivo de discutir asuntos relacionados con seguridad nacional junto con autoridades judiciales.
Según Presidencia, representantes del Poder Judicial declinaron participar en esa reunión.
La confrontación ocurre después de que Araya reprochara el silencio inicial de Fernández y defendiera la labor de los funcionarios judiciales. El magistrado afirmó que los señalamientos de la mandataria afectan a unas 14.000 familias vinculadas con el Poder Judicial.
Con su respuesta, Casa Presidencial no solo mantiene los cuestionamientos de Fernández, sino que abre un nuevo capítulo en la confrontación entre el Poder Ejecutivo y la cúpula judicial al utilizar investigaciones contra funcionarios y exfuncionarios como sustento de sus señalamientos sobre la penetración del crimen organizado.
