Los diputados oficialistas rechazaron citar a la presidenta, al ministro de Seguridad y al director de la DIS para explicar las restricciones de acceso a información sobre seguridad nacional.
Redacción- La fracción de Pueblo Soberano (PPSO) rechazó este jueves citar a la presidenta Laura Fernández, al ministro de Seguridad, Gerald Campos, y al director de la DIS, Pablo Martínez, para que expliquen el decreto de “Secreto de Estado” publicado esta semana.
La decisión se tomó en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, donde los oficialistas Nogui Acosta, Gonzalo Ramírez, Kattia Calvo, Cindy Blanco y Fernando Obaldía votaron en contra de la moción para realizar la audiencia.
Los diputados del PPSO también rechazaron una segunda propuesta que buscaba citar únicamente a la presidenta Fernández para que explicara el contenido del decreto y las aparentes contradicciones entre sus disposiciones y declaraciones públicas.
¿Qué establece el decreto?
La directriz establece restricciones al acceso público a información, documentos, presupuestos, planes operativos y contratos de compras públicas y su adjudicación relacionados con la seguridad nacional y la lucha contra el crimen organizado.
Entre la información alcanzada por las restricciones se encuentran asuntos vinculados con la denominada Fuerza Élite y la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).
El decreto ha generado cuestionamientos debido al alcance de las restricciones y a la decisión de limitar el acceso público a información relacionada con operaciones y recursos destinados a seguridad.
Oposición sí respaldó las audiencias
Las mociones para convocar a los jerarcas sí recibieron el respaldo de diputados de oposición.
A favor votaron Abril Gordienko, del PUSC; Marco Badilla y Eder Hernández, del PLN; y Sigrid Segura, del Frente Amplio.
Con el rechazo de la bancada oficialista, la comisión no podrá escuchar a la presidenta, al ministro de Seguridad ni al director de la DIS para que expliquen directamente las razones y alcances del decreto de “Secreto de Estado”.
La discusión sobre la medida continúa así en la Asamblea Legislativa, en medio de cuestionamientos sobre el acceso a información pública relacionada con seguridad nacional y la lucha contra el crimen organizado.
