Una inspección en el CAI Gerardo Rodríguez Echeverría permitió localizar un escondite con armas y otros objetos prohibidos. Justicia asegura que los reclusos recurren a métodos cada vez más ingeniosos para intentar burlar los controles.
La Policía Penitenciaria descubrió un escondite utilizado para ocultar armas y otros objetos prohibidos dentro del Centro de Atención Institucional (CAI) Gerardo Rodríguez Echeverría, ubicado en San Rafael de Alajuela.
El hallazgo ocurrió durante uno de los operativos de inspección realizados dentro del centro penitenciario, donde los oficiales detectaron modificaciones que despertaron sus sospechas y terminaron revelando el escondite.
Según informó el Ministerio de Justicia y Paz, en el sitio encontraron un arma blanca de 25 centímetros, dos varillas de construcción de 41 y 45 centímetros, un arma punzocortante elaborada con plástico de ocho centímetros y dos pipas artesanales.
Las autoridades destacan que los privados de libertad recurren constantemente a diferentes métodos para intentar ocultar artículos prohibidos, aprovechando estructuras, mobiliario, ropa, encomiendas e incluso modificaciones realizadas dentro de dormitorios y otras áreas de las cárceles.
Una grieta en un camarote, alteraciones en paredes o cielos rasos y cualquier cambio que no corresponda con las condiciones normales de las instalaciones pueden convertirse en señales de alerta para los policías.
Precisamente, estas inspecciones forman parte de la Operación Policial Sostenida (OPS), mediante la cual se realizan revisiones constantes en diferentes puntos de los centros penitenciarios.
Más de 4 mil armas blancas decomisadas
Las cifras suministradas por Justicia revelan la magnitud de los objetos prohibidos que intentan mantenerse o introducirse dentro de las cárceles costarricenses.
Entre el 8 de mayo y el 13 de agosto de 2026, la Policía Penitenciaria realizó 1.550 operativos en centros penales de todo el país, lo que representa un promedio aproximado de 16 intervenciones diarias.
Durante ese periodo fueron decomisados 246 teléfonos celulares, 354 chips, 31,144 kilogramos de diferentes drogas, 450 artículos electrónicos, 4.097 armas blancas y 601 litros de bebidas etílicas.
Además, 217 personas fueron remitidas a la Fiscalía por intentar introducir objetos prohibidos a centros penitenciarios.
El Ministerio de Justicia sostiene que estos controles buscan prevenir agresiones entre privados de libertad, ataques contra funcionarios penitenciarios, extorsiones y otros delitos que podrían cometerse desde el interior de las cárceles.
Las autoridades aseguran que, mientras los reclusos desarrollan nuevas modalidades para esconder o introducir objetos ilícitos, los oficiales también perfeccionan sus técnicas de inspección para detectar cualquier alteración que pueda comprometer la seguridad de los centros penales.
