Redacción- El Poder Judicial advirtió que la rebaja de ₡23.722 millones planteada por el Ministerio de Hacienda para su presupuesto de 2026 podría afectar la persecución penal, el combate contra la delincuencia y servicios dirigidos a personas en condición de vulnerabilidad.
El recorte fue comunicado mediante un presupuesto extraordinario que deberá ser conocido por la Asamblea Legislativa.
La mayor reducción recaería sobre el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), con un recorte propuesto de ₡9.536,3 millones, en momentos en que la institución mantiene investigaciones y operativos contra estructuras de delincuencia organizada.
El desglose planteado por Hacienda es el siguiente:
OIJ: ₡9.536,3 millones.
Administración y operación: ₡8.728,8 millones.
Juzgados y tribunales: ₡3.287,9 millones.
Defensa Pública: ₡1.087 millones.
Ministerio Público: ₡558,1 millones.
Atención y Protección de Víctimas y Testigos: ₡335,7 millones.
Fondo de Jubilaciones y Pensiones: ₡187,8 millones.
Poder Judicial cuestiona cálculo de Hacienda
Según el Poder Judicial, Hacienda fundamentó la rebaja en una estimación estadística realizada con información disponible al 30 de junio de 2026, utilizando patrones históricos de ejecución presupuestaria.
Sin embargo, la institución sostiene que esa proyección no necesariamente refleja los recursos que realmente están disponibles para ser recortados.
Después del 30 de junio, el Poder Judicial continuó con procesos de contratación, adjudicaciones, compras, adquisición de servicios y otros compromisos correspondientes al segundo semestre.
Un análisis técnico interno determinó que 56 de las 85 subpartidas seleccionadas por Hacienda tienen un disponible inferior al monto que se pretende rebajar.
Ante esta situación, el Poder Judicial indicó que evaluará las acciones legales correspondientes. El tema será analizado con prioridad por la Corte Plena el lunes 24 de agosto.
Recorte sería adicional a otros recursos
El Poder Judicial aclaró que los ₡23.722 millones corresponden a una rebaja adicional y no incluyen los ₡13.242,08 millones que la Corte Plena acordó ceder de su presupuesto en ejecución el pasado 29 de junio, a solicitud de Hacienda.
Además, el anuncio se produce después de que Hacienda comunicara que liberaría ₡3.053 millones correspondientes a las cuotas del tercer y cuarto trimestre de 2026, recursos cuya retención había sido cuestionada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez.
La institución también aclaró que el fideicomiso para infraestructura judicial es de $82 millones y no de $600 millones o $700 millones, y que esos recursos no forman parte del presupuesto ordinario del Poder Judicial.
Asimismo, recordó que los depósitos judiciales pertenecen a las personas usuarias y no pueden utilizarse para financiar el funcionamiento institucional.
Sobre el financiamiento constitucional, el Poder Judicial señaló que la Constitución establece una asignación no menor al 6% de los ingresos ordinarios del Estado, aunque actualmente la función jurisdiccional, juzgados y tribunales, recibe el equivalente al 3,61% de esos ingresos.
