El presidente de la Corte Suprema cuestionó que el encuentro pueda establecer metas y plazos al Poder Judicial y defendió la independencia de ese Poder de la República.
Redacción- El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, confirmó este jueves que el Poder Judicial no asistirá a la reunión de los Supremos Poderes convocada por la presidenta Laura Fernández para este viernes 21 de agosto.
La decisión fue comunicada mediante una carta enviada directamente a la mandataria, en respuesta al oficio mediante el cual Fernández planteó los temas que serían abordados durante el encuentro y abrió la posibilidad de incorporar otros asuntos.
Aguirre explicó que el Poder Judicial había recibido favorablemente la propuesta de reactivar este tipo de reuniones, pero sostuvo que desde el inicio había establecido condiciones para que el diálogo se desarrollara bajo principios de respeto, buena fe, reglas claras y reconocimiento de las competencias constitucionales de cada Poder.
Tras analizar los términos de la convocatoria, el presidente de la Corte fue categórico: “en las condiciones actualmente definidas, esta Presidencia no concurrirá a ella”.
Corte cuestiona condiciones planteadas por Fernández
Uno de los principales puntos de desacuerdo está relacionado con la posibilidad de que en una reunión política entre los jerarcas de los Supremos Poderes se establezcan compromisos concretos para el Poder Judicial.
Aguirre sostuvo que estos encuentros sí pueden servir para identificar problemas comunes, compartir información y coordinar esfuerzos, pero advirtió que no deben convertirse en espacios donde se impongan objetivos a la Corte.
“Un espacio de naturaleza política no debe convertirse en la instancia desde la cual se definan metas y plazos para el Poder Judicial mediante acuerdos entre jerarcas ni en un mecanismo de evaluación periódica de su cumplimiento”, afirmó.
Según el presidente de la Corte, las decisiones relacionadas con el funcionamiento del Poder Judicial deben respetar los procedimientos y competencias establecidos constitucionalmente.
En ese sentido, recordó que el gobierno del Poder Judicial corresponde a la Corte Plena, órgano encargado de definir las políticas generales de la institución.
“No es la coordinación lo que resulta inconveniente”
Aguirre también dejó claro que la decisión de no acudir a la reunión no representa un rechazo a la coordinación entre instituciones.
“No es la coordinación lo que resulta inconveniente, sino el mecanismo propuesto y sus implicaciones para el ejercicio independiente de las funciones del Poder Judicial”, indicó.
El jerarca defendió que la independencia judicial es indispensable para que los jueces y demás funcionarios puedan actuar conforme a la Constitución y las leyes.
La carta señala que el Poder Judicial mantiene su disposición a participar en espacios de diálogo, siempre que estos se desarrollen bajo condiciones que respeten la independencia, las competencias y las obligaciones de cada Poder de la República.
Sí continuará coordinación en seguridad
Pese al rechazo a asistir al encuentro del viernes, Aguirre aseguró que la decisión no afectará la cooperación en materia de seguridad.
La coordinación entre el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los cuerpos policiales del Poder Ejecutivo, el Ministerio Público y las demás autoridades continuará con normalidad en investigaciones criminales, operativos y persecución de organizaciones delictivas.
El presidente de la Corte aprovechó además la carta para defender el trabajo que realiza el Poder Judicial frente a la criminalidad.
Según los datos incluidos en el documento, durante 2026 el OIJ reporta 21 organizaciones criminales desarticuladas, mientras que entre enero y junio ejecutó 1.861 allanamientos.
Asimismo, al 31 de julio se habían decomisado más de 10.600 kilogramos de droga, incluidos 9.080 kilogramos de cocaína.
Corte pide cambios a la legislación penal
Aguirre también planteó que combatir la criminalidad requiere modificaciones al sistema de justicia.
En la carta indicó que el Poder Judicial trabaja en una reforma integral del proceso penal, cuyo resultado se prevé presentar ante la Asamblea Legislativa durante 2027.
Pero además recordó que desde 2025 permanece en el Congreso el expediente N.° 24.913, una propuesta de reforma puntual que, según la Corte, podría generar resultados inmediatos.
De acuerdo con los cálculos incluidos en la misiva, la aprobación de esa iniciativa permitiría aumentar en 31% la capacidad operativa de los Tribunales Penales y produciría un ahorro estimado de ₡122,3 millones mediante un uso más eficiente de los recursos judiciales.
Aguirre deja abierta la puerta a otra reunión
Aunque rechazó participar en el encuentro programado para este viernes, el presidente de la Corte Suprema aseguró que la institución mantiene abierta la posibilidad de retomar el diálogo con el Poder Ejecutivo.
“El Poder Judicial mantiene íntegra su disposición al diálogo entre los Supremos Poderes, sobre la base de la buena fe, el respeto recíproco, reglas claras y el pleno reconocimiento de las competencias, obligaciones financieras e independencia judicial que garantiza la Constitución”, señaló.
Aguirre concluyó que la Presidencia de la Corte valorará una futura convocatoria, siempre tomando en cuenta las condiciones concretas en las que sea planteada.
La decisión marca así un nuevo capítulo en la relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, justo cuando ambos poderes enfrentan el reto de coordinar acciones contra la criminalidad, pero mantienen diferencias sobre los límites de esa coordinación y la independencia de cada institución.
