La medida abarca desde estrategias policiales y mecanismos de inteligencia hasta contrataciones, presupuestos, reuniones y acuerdos relacionados con la seguridad nacional.
La presidenta de la República, Laura Fernández, declaró secreto de Estado una amplia cantidad de información relacionada con organismos, operaciones y coordinaciones vinculadas con la seguridad y defensa del país.
La decisión quedó establecida mediante el decreto ejecutivo 45870, publicado este lunes en La Gaceta y firmado también por el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos.
La disposición alcanza información relacionada con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y el denominado grupo de trabajo Fuerza Élite, además de otras coordinaciones que sobre seguridad y defensa del Estado sean dirigidas desde la Presidencia de la República.
Según lo establecido en el decreto, la medida responde a razones de interés público, seguridad y defensa nacionales, por lo que la información comprendida dentro de la declaratoria tendrá carácter confidencial, acceso restringido y quedará exceptuada de consulta pública.
¿Qué información quedará bajo secreto?
El alcance de la medida es amplio. Entre otros aspectos, comprende información relacionada con las formas de operación de la delincuencia organizada, dinámicas policiales de prospección y despliegue, capacidades operativas, procedimientos especiales, planes de respuesta y estructuras de mando.
También se incluyen protocolos de intervención, recursos tecnológicos, mecanismos de inteligencia, coordinación entre instituciones, bitácoras de acuerdos, estrategias de acción policial, gestiones de control y protocolos utilizados para evaluar la confiabilidad de funcionarios.
La declaratoria alcanza además planes de protección para funcionarios, partidas presupuestarias, rubros de gastos y presupuestos relacionados con estas estructuras.
Otro de los puntos relevantes es que la reserva también comprende expedientes administrativos y procedimientos de contratación pública.
Dentro de estos se incluyen estudios previos, requerimientos técnicos, ofertas, adjudicaciones, financiamientos, contratos y las diferentes fases de ejecución de contrataciones promovidas para atender los fines del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la DIS y la Fuerza Élite.
También quedarán protegidas las sesiones, reuniones, grabaciones, planes y acuerdos concretos generados dentro de estos organismos.
Presidencia podrá mantener bajo reserva otras operaciones
El decreto va más allá de esas estructuras y establece como secreto de Estado cualquier acción u operación relacionada con la seguridad y defensa nacionales que sea ordenada o coordinada por la Presidencia de la República junto con el ministro correspondiente u otros actores involucrados.
La restricción de acceso se aplicará independientemente de que las contrataciones o actuaciones involucren instituciones estatales, entes públicos no estatales, consorcios o entidades privadas, tanto nacionales como extranjeras.
Además, quienes tengan acceso a los asuntos incluidos dentro de la declaratoria estarán obligados a mantener absoluta confidencialidad sobre aquello que conozcan directa o indirectamente debido a su participación.
El incumplimiento podría derivar en los procedimientos y sanciones correspondientes por quebrantamiento del secreto de Estado. En determinados casos, el decreto también contempla la finalización de relaciones contractuales sin responsabilidad para la Administración Pública.
Gobierno alega riesgo del crimen organizado
La justificación de la medida apunta directamente al avance de estructuras criminales vinculadas con delitos como narcotráfico, sicariato y legitimación de capitales.
El Gobierno considera que revelar información sobre las capacidades, estrategias y mecanismos empleados por las autoridades podría exponer vulnerabilidades institucionales y representar un riesgo para funcionarios públicos y sus familias.
La Fuerza Élite, uno de los grupos incluidos en la declaratoria, reúne a la presidenta Fernández y otros altos jerarcas del Estado, entre ellos los responsables de Seguridad y Justicia, para analizar estrategias contra el crimen organizado.
Con la entrada en vigencia del decreto, una parte considerable de la información producida alrededor de estas coordinaciones de seguridad queda fuera del acceso público.
