El Ministerio de Justicia defiende la eliminación del convenio con el Poder Judicial y sostiene que necesita a sus policías vigilando las cárceles, no atendiendo audiencias virtuales.
El Ministerio de Justicia y Paz salió al paso de la polémica generada por la decisión de poner fin al convenio con el Poder Judicial que permitía realizar audiencias virtuales con personas privadas de libertad y aseguró que la medida está completamente respaldada por el ordenamiento jurídico.
La institución sostiene que el acuerdo establecía expresamente que cualquiera de las dos partes podía darlo por terminado cuando lo considerara conveniente, facultad a la que ahora recurrió ante las condiciones que, según argumenta, enfrenta el sistema penitenciario costarricense.
El punto que podría generar mayor discusión está relacionado con quién deberá asumir los movimientos de los reclusos que tengan que comparecer presencialmente ante los tribunales.
Justicia recordó que la legislación vigente asigna al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) la responsabilidad de trasladar a los privados de libertad hasta los despachos judiciales y posteriormente regresarlos a los centros penitenciarios.
Justicia quiere a sus policías dentro de las cárceles
Según la institución, detrás de la decisión no existe una intención de obstaculizar el funcionamiento de los tribunales ni de afectar los derechos de los reclusos.
El argumento es seguridad.
Justicia asegura que Costa Rica enfrenta actualmente un escenario penitenciario distinto, caracterizado por la presencia de privados de libertad considerados de altísima peligrosidad, situación que obliga a reforzar los controles dentro de las cárceles.
Por esa razón, considera que los oficiales de la Policía Penitenciaria deben concentrarse en las funciones para las cuales fueron creados, particularmente la vigilancia de fortines, pasarelas y controles internos de los centros penales.
La posición del Ministerio es que mantener personal destinado a las audiencias virtuales consume recursos policiales que ahora considera indispensables para garantizar la seguridad penitenciaria.
Ponen sobre la mesa miles de traslados
Para defender la medida, Justicia también recurrió a las cifras.
Durante 2025 se efectuaron aproximadamente 2.800 audiencias virtuales con privados de libertad. En contraste, el OIJ realizó alrededor de 23.400 traslados de reclusos hacia los diferentes tribunales del país.
Con esos números, el Ministerio sostiene que las comparecencias presenciales ya representan ampliamente la modalidad predominante dentro del sistema judicial.
Además, recordó que el propio Ministerio Público ha señalado que la presencialidad constituye la regla y la virtualidad es una excepción.
Niegan afectación al acceso a la justicia
Justicia rechazó que la terminación del convenio pueda interpretarse como una limitación al acceso a la justicia o una afectación de los derechos de las personas recluidas.
Por el contrario, sostiene que se trata de una decisión administrativa tomada dentro de sus competencias y motivada por las necesidades actuales de seguridad en las cárceles.
La medida pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre la distribución de responsabilidades y recursos entre Justicia y el Poder Judicial, especialmente ante el desafío logístico que representa movilizar a miles de privados de libertad desde los centros penitenciarios hasta los tribunales.
