Histórico cambio sacude a la Contraloría: proyecto eliminaría su poder para frenar contratos y pagos del Estado

La propuesta busca transformar por completo el modelo de fiscalización en Costa Rica y permitir que las instituciones ejecuten sus proyectos sin esperar la aprobación previa de la Contraloría General de la República.

Un proyecto de reforma constitucional presentado en la Asamblea Legislativa plantea uno de los cambios más profundos en décadas al sistema de control del gasto público en Costa Rica: eliminar el refrendo obligatorio de la Contraloría General de la República para que los contratos, pagos y demás actos del Estado surtan efectos jurídicos.

La iniciativa propone modificar el artículo 184 de la Constitución Política para que la Contraloría deje de ejercer un control preventivo sobre la mayoría de las actuaciones del Estado y pase a desempeñar un papel de fiscalización posterior, mediante auditorías, investigaciones y evaluaciones de la gestión pública una vez ejecutados los recursos.

De aprobarse la reforma, ministerios, municipalidades, instituciones autónomas y demás entidades públicas podrían ejecutar contratos y realizar pagos sin esperar el aval previo de la Contraloría, aunque seguirían sujetas a una eventual revisión posterior y a la responsabilidad de sus jerarcas por cualquier irregularidad.

Los diputados impulsores sostienen que el sistema actual genera demoras, rigidez administrativa y duplicidad de controles, lo que retrasa obras públicas, compras estatales y la ejecución de programas. Por ello proponen un modelo de fiscalización posterior, similar al que aplican varios países desarrollados, donde el énfasis está en revisar los resultados y detectar irregularidades después de ejecutado el gasto.

El texto también elimina la aprobación previa de los presupuestos de instituciones descentralizadas y municipalidades, sustituyéndola por una revisión posterior, al tiempo que fortalece la obligación de cada entidad de contar con sistemas de control interno más robustos y asumir directamente la responsabilidad por el uso de los recursos públicos.

Los proponentes aseguran que el objetivo no es reducir la fiscalización, sino hacerla más ágil, eficiente y enfocada en resultados. No obstante, la propuesta promete abrir un intenso debate político y jurídico, al tocar uno de los principales mecanismos de control sobre el manejo de los fondos públicos en Costa Rica.