La presidenta confirmó que las amenazas detectadas por inteligencia contra ella, su familia y miembros del gabinete fueron remitidas al Ministerio Público.
Un informe de inteligencia penitenciaria habría advertido sobre una presunta orden para conseguir un francotirador con el objetivo de atentar contra la presidenta Laura Fernández. El hombre vinculado con esa información sería uno de los hermanos Lara y podría recuperar su libertad el próximo lunes.
La situación fue planteada directamente a la mandataria este miércoles durante una atención a medios de comunicación, donde se le consultó por la eventual liberación del sujeto y por las amenazas que habrían sido detectadas en su contra.
De acuerdo con lo expuesto durante la consulta, el privado de libertad tenía una pena que se extendía hasta el año 2030; sin embargo, recibiría un beneficio que permitiría adelantar su salida.
Fernández evitó profundizar específicamente sobre el caso, pero confirmó que las amenazas detectadas por los cuerpos de inteligencia contra ella, sus familiares y miembros de su gabinete han sido trasladadas al Ministerio Público.
“Todos los casos que inteligencia policial o inteligencia penitenciaria ha identificado como amenazas a mi vida o a la de mis seres queridos o a otros compañeros del gabinete, todos esos casos los hemos remitido a la Fiscalía, al Ministerio Público, para que procedan con las investigaciones correspondientes”, manifestó.
La presidenta reconoció que se trata de un asunto sobre el cual no le resulta agradable referirse públicamente y recalcó que los expedientes se encuentran en manos de las autoridades judiciales.
“Para mí no es agradable hablar de estos temas. Están, reitero, todos esos casos presentados ante instancias judiciales, y yo no tengo más que agregar al respecto”, señaló.
Criminología habría pedido revisar la decisión
Durante el intercambio con la prensa, el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, indicó que el jueves anterior el Instituto Nacional de Criminología habría enviado un nuevo acuerdo a la jueza de ejecución de la pena, poniendo nuevamente en su conocimiento la supuesta amenaza detectada por inteligencia de la Policía Penitenciaria.
Según lo expuesto, el objetivo sería que la autoridad judicial reevalúe la decisión que permitiría al privado de libertad recuperar anticipadamente su libertad y eventualmente la revoque.
La mandataria insistió en que el asunto está judicializado y aseguró que continuará desempeñando sus funciones con normalidad pese a las amenazas que han llegado a conocimiento de las autoridades.
“Yo trabajo con total normalidad y seguimos para adelante. Aquí nadie afloja”, concluyó Fernández.
