La Corte Plena autorizó a su Presidencia a emprender acciones administrativas y legales para intentar frenar la reducción presupuestaria que impulsa el Ministerio de Hacienda mediante un presupuesto extraordinario.
Redacción- La Corte Plena acordó este lunes 24 de agosto autorizar a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia a emprender las acciones administrativas y legales que considere pertinentes para impedir el recorte de ₡23.722 millones al presupuesto del Poder Judicial para 2026.
La reducción es impulsada por el Ministerio de Hacienda mediante la propuesta de un presupuesto extraordinario que deberá ser conocido por la Asamblea Legislativa. Los recursos corresponden a partidas que forman parte del presupuesto aprobado para este año y que están relacionadas con la operación institucional durante los meses que restan de 2026.
El monto planteado ha generado preocupación entre las magistraturas, principalmente por las posibles consecuencias que tendría sobre servicios judiciales, la atención del rezago y las acciones dirigidas contra la delincuencia.
Uno de los puntos que más llama la atención es el impacto sobre el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), institución que concentra la mayor parte de la reducción planteada por Hacienda, con un recorte de ₡9.536,3 millones, equivalente al 40% del total.
Poder Judicial cuestiona disponibilidad de los recursos
La posición de la Corte se sustenta también en un estudio técnico elaborado por el propio Poder Judicial sobre las partidas que Hacienda pretende reducir.
De acuerdo con ese análisis, 56 de las 85 subpartidas seleccionadas por el Ministerio de Hacienda presentan un disponible inferior al monto que se pretende rebajar.
En otras palabras, según el estudio, en esos casos los recursos que fueron identificados como susceptibles de recorte no estarían realmente disponibles en la cantidad proyectada por Hacienda cuando se analiza cada partida de manera individual.
Esta situación se convirtió en uno de los argumentos centrales para cuestionar la propuesta, debido a que la reducción podría afectar recursos que el Poder Judicial contempla para sostener su operación durante lo que queda del año.
Magistraturas alertan por impacto en seguridad y justicia
Durante la sesión de Corte Plena, magistraturas de distintas Salas expresaron su preocupación y rechazo ante la posibilidad de que se concrete la rebaja presupuestaria.
Entre las principales alertas está el eventual efecto sobre la lucha contra la delincuencia, especialmente por la reducción que afectaría al OIJ, así como sobre las acciones que desarrolla el Poder Judicial para disminuir el rezago en la resolución de casos.
Las magistraturas también señalaron que la afectación podría alcanzar la continuidad y atención de los servicios de justicia que brinda la institución a la población.
La preocupación no se limita al escenario en el que la Asamblea Legislativa apruebe definitivamente el recorte. Durante la sesión también se advirtió que la discusión legislativa, por sí misma, podría generar consecuencias sobre la ejecución presupuestaria.
Recorte podría afectar ejecución aunque no sea aprobado
Según lo señalado por el Poder Judicial, mientras la propuesta permanezca en discusión en el Congreso, la institución podría verse impedida de disponer de los recursos incluidos en el proyecto de reducción.
Esto significa que, aunque finalmente la Asamblea Legislativa no aprobara el recorte, el proceso podría generar un impacto en la ejecución del presupuesto durante el periodo en que la propuesta sea analizada.
La Corte Plena decidió, ante este escenario, facultar a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia para realizar las gestiones administrativas y legales que correspondan.
El objetivo será defender la disponibilidad de los recursos aprobados para el Poder Judicial y evitar que la reducción planteada por Hacienda afecte el funcionamiento de la institución durante el cierre de 2026.
Sala Constitucional se abstuvo de votar
Un elemento particular de la sesión fue la decisión de las magistraturas de la Sala Constitucional de abstenerse de participar en la votación relacionada con el acuerdo.
La razón expuesta fue que el tema eventualmente podría llegar a conocimiento de ese Tribunal, por lo que consideraron pertinente no intervenir en la decisión adoptada por la Corte Plena.
Con el acuerdo, la Presidencia de la Corte queda facultada para definir las acciones administrativas y legales correspondientes frente al proyecto de presupuesto extraordinario que plantea la reducción.
El enfrentamiento entre el Poder Judicial y Hacienda se trasladará ahora también al ámbito legislativo, donde la Asamblea deberá conocer la propuesta que contempla la disminución de ₡23.722 millones para el presupuesto judicial de 2026.
La cifra y la distribución de los recortes, particularmente los ₡9.536,3 millones correspondientes al OIJ, convierten la discusión presupuestaria en un tema de especial relevancia para la operación de la justicia y las labores de investigación criminal durante los próximos meses.
