Poder Judicial advierte el golpe que sufriría la lucha contra el crimen y la justicia por nuevo recorte del Gobierno

La disminución total del presupuesto judicial para el próximo año ascendería a ₡16.273 millones.

Redacción- El Poder Judicial alertó que un nuevo recorte presupuestario de ₡3.053 millones para el 2026 impactará directamente la lucha contra la delincuencia y la prestación de servicios de justicia, al limitar operativos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), investigaciones criminales, protección de víctimas y la realización de juicios.

La institución informó que el Ministerio de Hacienda comunicó el pasado 13 de julio que no girará esos recursos, medida que se suma a los ₡13.220 millones que la Corte Plena acordó ceder previamente como parte del ajuste fiscal. Con ello, la disminución total del presupuesto judicial para el próximo año ascendería a ₡16.273 millones.

Durante la sesión de Corte Plena celebrada este lunes 20 de julio, las autoridades de los órganos auxiliares de justicia expusieron las consecuencias que tendría esta nueva reducción de recursos. En la sesión participaron el fiscal general, Carlo Díaz; el director interino del OIJ, Michael Soto; el director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez, y representantes de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito.

Entre las principales afectaciones señaladas destacan las limitaciones para trasladar personal a allanamientos, inspecciones y levantamientos de indicios, así como restricciones para investigaciones prolongadas debido a la falta de recursos para viáticos y hospedaje. Además, se vería comprometida la compra de equipos de protección, materiales para el embalaje de evidencia y la sustitución de vehículos.

El Poder Judicial también advirtió que el recorte impediría adquirir servidores, licencias de software y plataformas para el análisis criminal y de evidencia digital, afectando la investigación de delitos complejos. Asimismo, existe riesgo de suspensión o reprogramación de juicios y audiencias, reducción de peritajes y limitaciones para la atención y protección de víctimas y testigos.

Tras conocer el informe, las magistradas y magistrados acordaron trasladar el tema a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia para que, en coordinación con los órganos técnicos y la Dirección Jurídica, determine las acciones a seguir y busque alternativas frente al nuevo recorte presupuestario.

En el comunicado, el Poder Judicial defendió además su ejecución presupuestaria, indicando que en los últimos años ha mantenido porcentajes cercanos al 100 %, y destacó avances como el aumento del 27 % en expedientes terminados entre 2021 y 2025, el incremento del 31 % en expedientes resueltos por los Tribunales Penales Ordinarios y la implementación de herramientas de inteligencia artificial para mejorar la eficiencia del servicio.