Millones del Diablo llegaron hasta un equipo del fútbol nacional

La acusación contra la organización de Alejandro Arias Monge, alias "Diablo", sostiene que dinero presuntamente proveniente del narcotráfico habría sido utilizado para financiar a un club de la Liga de Ascenso, como parte de un esquema para dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos.

Los tentáculos financieros de la estructura criminal que, según la Fiscalía, dirigía Alejandro Arias Monge, alias "Diablo", no solo alcanzaron supermercados, sociedades mercantiles y fincas. También llegaron hasta el fútbol costarricense.

Así lo revela el expediente judicial presentado por la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico, en el que se describe que parte del dinero investigado por legitimación de capitales habría sido canalizado hacia la Asociación Deportiva Cariari Pococí, club que milita en la Liga de Ascenso.

De acuerdo con la acusación, los investigadores concluyeron que la familia Aragón —señalada como el brazo financiero de la organización— realizó inversiones y patrocinios al equipo de fútbol. Incluso, durante varios años, el club utilizó el logo de uno de sus negocios como patrocinador principal en la camiseta.

La documentación agrega que las intervenciones telefónicas permitieron detectar conversaciones entre integrantes de la organización en las que discutían asuntos relacionados con el equipo, incluyendo resultados deportivos, deudas y movimientos de dinero.

Uno de los informes policiales también señala que un sujeto conocido con el alias de "Minion" mantenía una relación directa con el club y habría inyectado recursos económicos, conducta que los investigadores consideran compatible con un mecanismo utilizado por organizaciones criminales para mezclar dinero ilícito con actividades legítimas y disminuir las sospechas de las autoridades.

El expediente sostiene que esta estrategia formaba parte de un esquema más amplio de legitimación de capitales que también involucraba comercios y empresas.

Entre ellas figura la cadena de supermercados Aragón, cuyos propietarios son señalados por la Fiscalía de haber puesto su infraestructura comercial al servicio de la organización. Según la acusación, esos establecimientos habrían servido para administrar bienes, realizar movimientos bancarios y dar apariencia de legalidad a recursos obtenidos del narcotráfico.

La investigación también menciona la utilización de varias sociedades mercantiles, cuentas bancarias, compra de vehículos de lujo, adquisición de fincas y actividades ganaderas como mecanismos para introducir dinero al sistema financiero con apariencia de origen lícito.

Todos estos hechos forman parte de la acusación presentada por el Ministerio Público ante la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO). Será durante el proceso judicial cuando las pruebas sean discutidas y valoradas por los tribunales para determinar la eventual responsabilidad de los imputados.