Lo sacan de la cárcel en Costa Rica para enviarlo a EE. UU.: lo señalan como cabecilla del temido Clan del Golfo

Un colombiano que cumple una condena de nueve años en Costa Rica fue entregado temporalmente a las autoridades estadounidenses para enfrentar un proceso por presunto narcotráfico internacional y supuestos vínculos con una de las organizaciones criminales más poderosas de la región.

Un hombre identificado como John Céspedes Yanes fue trasladado este jueves desde Costa Rica hacia Estados Unidos, donde deberá responder ante una Corte Federal del Distrito Este de Texas por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico internacional.

La diligencia fue posible gracias a una coordinación entre la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), el Ministerio Público de Costa Rica y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), como parte de los mecanismos de cooperación judicial entre ambos países.

Céspedes actualmente cumple una condena de nueve años de prisión en Costa Rica por violar la Ley sobre Estupefacientes, específicamente por posesión, almacenamiento y transporte de drogas. Sin embargo, las autoridades estadounidenses también lo investigan por un caso de mayor alcance.

Según la acusación presentada por un Gran Jurado Federal en Texas, el colombiano habría desempeñado un papel de dirección y coordinación dentro del Clan del Golfo, organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas y que, de acuerdo con la investigación, habría operado desde al menos el año 2008 entre Colombia, Centroamérica y Norteamérica.

Además de la acusación formal, en su contra existía una orden de captura vigente emitida por las autoridades de Estados Unidos.

La entrega se realizó bajo la figura de entrega temporal, un mecanismo previsto en la legislación costarricense que permite trasladar a una persona condenada para que enfrente un juicio en otro país y, una vez concluido ese proceso, regrese a Costa Rica para continuar cumpliendo la pena que aún tiene pendiente.

El Ministerio Público destacó que este tipo de acciones fortalecen la cooperación jurídica internacional en la lucha contra el crimen organizado transnacional, permitiendo perseguir a estructuras criminales que operan más allá de las fronteras y evitando que sus integrantes queden en la impunidad.