Laura Fernández convoca a Consejo de Seguridad ante amenazas que reciben ella y su gabinete
A la reunión se citó a los máximos jerarcas del sector seguridad y del Poder Judicial
A la reunión se citó a los máximos jerarcas del sector seguridad y del Poder Judicial
Redacción- La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, convocó de urgencia a los máximos jerarcas del sector seguridad y del Poder Judicial a la primera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
La cita será el próximo lunes 20 de julio en la Casa Presidencial. El objetivo primordial es analizar las recientes amenazas de muerte emitidas por estructuras del crimen organizado contra la mandataria y miembros de su gabinete.
Fernández atribuyó estas intimidaciones a la efectividad de las políticas de seguridad implementadas al inicio de su gestión.
La agenda de este encuentro de alto nivel priorizará tres temas críticos para frenar la violencia y la delincuencia en el país:
Investigación de filtraciones: Se indagará la fuga de información confidencial hacia los medios, que ha comprometido operativos policiales recientes.Plazos en operativos antidrogas: Se revisarán los tiempos de ejecución de los allanamientos solicitados por la Policía de Control de Drogas (PCD).Reformas legales: El Ejecutivo presentará un paquete de proyectos de ley para endurecer el marco de seguridad nacional.Cumbre de poderes en Casa Presidencial
El llamado de la mandataria reunirá a las figuras civiles, judiciales y policiales más importantes de Costa Rica:
Poder Ejecutivo: El ministro de la Presidencia (Rodrigo Chaves), el ministro de Seguridad Pública (Gerald Campos) y el ministro de Justicia (Gabriel Aguilar).Poder Judicial: El presidente de la Corte Suprema (Orlando Aguirre), la presidenta de la Sala Tercera (Patricia Solano) y el fiscal general (Carlo Díaz).Cuerpos Policiales: El director interino del OIJ (Michael Soto) y el director de la DIS (Pablo Martínez).Los cuerpos de inteligencia del Estado mantienen un monitoreo constante de la situación para garantizar la integridad de las autoridades.
