¡Fin del juego! Policía Penitenciaria quita PlayStations de cárcel
Las autoridades penitenciarias procedieron a la destrucción de los videojuegos
Las autoridades penitenciarias procedieron a la destrucción de los videojuegos
Redacción- La Policía Penitenciaria retiró y destruyó seis consolas PlayStation, videojuegos y sus respectivos accesorios que permanecían dentro del Centro Especializado para el Adulto Joven Ofelia Vincenzi Peñaranda, ubicado en San Rafael de Alajuela.
La medida forma parte de las nuevas acciones de control impulsadas por el Ministerio de Justicia y Paz bajo la estrategia de orden, disciplina y control, promovida por el ministro Gabriel Aguilar Vargas.
Según informó la institución, el retiro de estos dispositivos se realizó tras la entrada en vigencia de la circular DGAS-05-2026, que establece cuáles objetos ya no están permitidos dentro de los centros penitenciarios.
De acuerdo con el Ministerio, los primeros permisos para el ingreso de estas consolas databan de enero de 2019, mientras que el último registro autorizado fue en octubre de 2021. Además, recordó que en enero de 2023 la población penitenciaria solicitó regularizar el uso de videojuegos, petición que fue rechazada.
El ministro Gabriel Aguilar Vargas aseguró que las cárceles deben ser espacios para el cumplimiento de las condenas y no para actividades recreativas.
"Me enteré de que los privados de libertad del Centro del Adulto Joven tenían consolas de videojuegos, televisores y pasaban ociosos. Eso se terminó. Con la nueva directriz retiramos esos aparatos y van a tener que incorporarse al plan Cero Ocio para trabajar y cumplir con su condena. Si quieren ganarse el beneficio del dos por uno, tendrán que hacerlo con trabajo, orden y disciplina", manifestó.Como parte del plan Cero Ocio, el Ministerio indicó que actualmente existen cuatro frentes de trabajo en los que participan alrededor de 50 personas privadas de libertad, quienes realizan labores en carreteras, centros educativos y espacios públicos.
Las autoridades señalaron que este programa ya genera beneficios económicos para el Estado, al estimar un ahorro de hasta ¢600 millones anuales en mantenimiento vial y un ahorro potencial de ¢17,5 millones en la primera etapa de intervención de siete centros educativos.
El Ministerio de Justicia y Paz aseguró que continuará reforzando las medidas de control dentro del sistema penitenciario con el objetivo de eliminar privilegios incompatibles con el cumplimiento de las penas, fortalecer el trabajo como parte del proceso de reinserción y mantener el orden en las cárceles del país.