Tráfico cobró ¢25 mil a mujer para no hacerle multa y ahora fue condenado a prisión

Tribunal halló culpable al exfuncionario por el delito de concusión tras un hecho ocurrido en Paso Ancho en 2022

Redacción- La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) logró demostrar la culpabilidad de un exoficial de la Policía de Tránsito que solicitó ₡25.000 a una conductora a cambio de no imponerle una infracción de tránsito.

Por estos hechos, el Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública del Segundo Circuito Judicial de San José condenó al exfuncionario, de apellido Arce Álvarez, a tres años de prisión por el delito de concusión y le impuso dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La sentencia fue dictada el pasado 11 de junio.

Hechos ocurrieron en Paso AnchoDe acuerdo con la investigación desarrollada por el Ministerio Público, los hechos ocurrieron el 11 de julio de 2022 en Paso Ancho, San José.

Según acreditó la Fiscalía durante el juicio, Arce Álvarez se aprovechó de su condición de oficial de tránsito para solicitar dinero a una conductora que se encontraba en carretera.

La acusación sostiene que el entonces funcionario le pidió ₡25.000 a la mujer a cambio de no confeccionar una boleta por una supuesta infracción.

Utilizó el temor de perder la licenciaLa investigación determinó que el exoficial habría utilizado la situación laboral de la conductora para presionarla.

De acuerdo con la Fiscalía, Arce Álvarez sabía que la víctima utilizaba una motocicleta como herramienta fundamental para desempeñar su trabajo, por lo que le hizo creer que, de no entregar el dinero solicitado, podría perder su licencia de conducir.

El Ministerio Público consideró que esa actuación constituyó el delito de concusión, figura penal que sanciona a los funcionarios públicos que, aprovechándose de su cargo, exigen o inducen a una persona a entregar dinero o beneficios indebidos.

Fiscalía destaca combate a la corrupciónEl caso fue investigado bajo el expediente 22-019910-0042-PE y forma parte de los procesos impulsados por la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción para perseguir conductas ilícitas cometidas por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.

La sentencia refuerza las acciones dirigidas a combatir actos de corrupción y abusos de autoridad dentro de la administración pública.

No obstante, el fallo aún deberá quedar en firme una vez agotadas las etapas procesales correspondientes.