La funcionaria judicial, investigada por un presunto caso de favorecimiento real, presentó una afectación en su estado de salud mientras permanecía detenida en las celdas del OIJ. Tras recibir atención médica, regresó durante la madrugada para continuar con el proceso judicial.
Redacción- La noche de este miércoles estuvo marcada por un nuevo episodio dentro del caso que mantiene bajo investigación a una defensora pública de apellido Hernández, luego de que fuera necesario trasladarla de emergencia al Hospital Max Peralta mientras permanecía detenida en las celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cartago.
De acuerdo con la información conocida por AM Prensa, la funcionaria comenzó a sentirse mal mientras permanecía bajo custodia de las autoridades judiciales, situación que obligó a los agentes a coordinar su traslado al servicio de Emergencias del centro médico.
La sospechosa fue valorada por el personal médico y, una vez que su condición fue estabilizada, recibió el alta hospitalaria.
Posteriormente, cerca de la 1:00 de la madrugada, fue trasladada nuevamente a las celdas del OIJ para continuar con el proceso judicial que enfrenta.
La defensora pública fue presentada este jueves ante el Ministerio Público, donde se le realizó la indagatoria correspondiente, diligencia en la que la Fiscalía le comunica formalmente los hechos que se investigan, los delitos que se le atribuyen y los elementos recopilados durante la investigación.
Hernández figura como sospechosa dentro de una causa por el presunto delito de favorecimiento real.
La investigación surgió luego de que, según la hipótesis del Ministerio Público y del OIJ, la funcionaria presuntamente escribiera un mensaje en una hoja membretada del Poder Judicial con la frase “Él está vivo, hay que matarlo”, el cual, aparentemente, entregó a uno de sus defendidos para que fuera mostrado a otras personas relacionadas con una organización criminal.
Las autoridades sostienen que los hechos ocurrieron tras una audiencia judicial realizada en Cartago y que, posteriormente, diversas diligencias investigativas, entre ellas entrevistas y análisis de evidencia, permitieron solicitar su detención y el allanamiento de su oficina.
Ahora corresponderá al Ministerio Público definir las medidas cautelares que solicitará contra la funcionaria mientras continúa el desarrollo de la investigación penal.
Cabe recordar que toda persona investigada mantiene su estado de inocencia mientras no exista una sentencia firme que determine su responsabilidad penal.
