Las cárceles deben castigar, no premiar con beneficios a los criminales que violan la ley

¿Cárceles o hoteles? Costa Rica necesita recuperar el sentido de la pena

Durante años, Costa Rica permitió que el debate sobre el sistema penitenciario se centrara casi exclusivamente en los derechos de quienes están tras las rejas, mientras las víctimas quedaban relegadas a un segundo plano. Se hablaba de comodidad, de beneficios y de facilidades para quienes cometieron delitos, pero pocas veces se hablaba del dolor de quienes perdieron un ser querido a manos de un asesino, de una mujer violada, de una familia destruida por un secuestro o de un trabajador honrado que fue víctima de un asalto.

Por eso considero que el país finalmente comienza a tomar decisiones que debieron adoptarse hace muchos años. Las cárceles deben ser cárceles. No hoteles. No centros recreativos. No espacios donde una persona encuentre mejores condiciones de vida que muchos ciudadanos que se levantan todos los días a trabajar honestamente.

El reciente anuncio de limitar el ingreso de alimentos desde el exterior es una medida correcta. Si el Estado ya proporciona alimentación a la población penitenciaria, no existe razón para convertir las visitas en un sistema paralelo de abastecimiento. Los privados de libertad tienen garantizado su derecho a la alimentación. Ese derecho no desaparece. Lo que desaparece es un privilegio que durante años se convirtió en parte de una dinámica que poco tenía que ver con el propósito real de una condena.

Quien desea seguir disfrutando de comidas especiales, postres o determinados lujos tiene una opción muy sencilla: respetar la ley y permanecer en libertad. La cárcel no fue diseñada para ofrecer comodidades, sino para sancionar conductas que causaron daño a la sociedad.

Lo mismo ocurre con otros privilegios que durante años se normalizaron dentro del sistema penitenciario. Resulta difícil comprender cómo algunas personas privadas de libertad pueden acumular grandes cantidades de ropa, zapatos y otros artículos personales mientras miles de costarricenses luchan diariamente para cubrir sus necesidades básicas. Un sistema penitenciario serio debe garantizar condiciones dignas, pero no fomentar niveles de comodidad incompatibles con la naturaleza de una condena.

También es necesario revisar profundamente los mecanismos de comunicación desde los centros penitenciarios. Costa Rica ha visto demasiados casos en los que estructuras criminales continúan operando desde las cárceles. Extorsiones, órdenes para homicidios, tráfico de drogas y coordinación de actividades delictivas han sido vinculadas, en distintos momentos, con personas que permanecen recluidas. El objetivo principal debe ser impedir que los líderes criminales sigan ejerciendo control desde una celda.

Otro aspecto que merece discusión es el sistema de beneficios penitenciarios. Cuando un tribunal impone una condena, la sociedad espera que esa sanción se cumpla. Es legítimo preguntarse si algunos mecanismos de reducción de penas han terminado debilitando la confianza ciudadana en el sistema de justicia. Para muchas víctimas resulta incomprensible ver cómo personas condenadas por delitos graves recuperan su libertad mucho antes de lo que originalmente estableció la sentencia.

Esto no significa desconocer los derechos humanos. Toda persona privada de libertad debe conservar el derecho a la vida, a la alimentación, a la atención médica y a la integridad física. Un Estado democrático no puede permitir torturas ni tratos crueles. Pero una cosa es respetar derechos fundamentales y otra muy distinta es convertir la prisión en un espacio de privilegios.

Costa Rica también debería explorar con mayor fuerza programas de trabajo penitenciario que generen un beneficio real para la sociedad. En distintos países existen esquemas donde personas condenadas realizan labores de mantenimiento, limpieza o apoyo en obras públicas bajo estrictas medidas de seguridad. El trabajo puede convertirse en una herramienta útil para asumir responsabilidades y devolver algo a la sociedad que resultó afectada por sus acciones.

La discusión de fondo es sencilla: ¿para quién funciona actualmente el sistema penitenciario? Si la respuesta beneficia más al delincuente que a la víctima, entonces algo está fallando.

Durante demasiado tiempo se evitó tomar decisiones firmes por temor a la crítica. Sin embargo, el crecimiento de la criminalidad y la sensación de inseguridad que viven miles de costarricenses obligan a replantear muchas cosas. La prioridad debe volver a ser la protección de los ciudadanos que respetan la ley.

Las cárceles existen para castigar delitos, proteger a la sociedad y evitar que quienes violentaron gravemente las normas continúen haciéndolo. Cuando una prisión deja de cumplir esos objetivos y comienza a parecerse más a un centro de comodidades, el sistema pierde credibilidad.

Costa Rica tiene la oportunidad de recuperar el equilibrio. Respetar los derechos fundamentales de los privados de libertad sí. Convertir las cárceles en espacios de privilegio, definitivamente no.