Fiscalía intenta frenar tala de 751 árboles en exclusivo proyecto turístico de Papagayo

Autoridades judiciales advierten sobre un posible daño irreversible al ecosistema y solicitan suspender de inmediato el permiso que autorizó la corta de cientos de árboles en Guanacaste.

Un ambicioso proyecto turístico en Bahía Papagayo se encuentra en el centro de una investigación judicial luego de que la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental solicitara suspender de forma inmediata el permiso que autoriza la tala de 751 árboles en playa Panamá, Guanacaste.

La gestión fue presentada el pasado 15 de mayo ante el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José y actualmente se encuentra pendiente de resolución.

Según informó el Ministerio Público, la medida busca evitar una eventual afectación irreversible al ecosistema mientras avanzan las investigaciones relacionadas con el desarrollo turístico impulsado por la empresa Enjoy Hotels & Resorts S.A.

Además de la suspensión del permiso, la Fiscalía pidió que se prohíba cualquier actividad que pueda alterar el terreno, incluyendo tala de árboles, eliminación de cobertura vegetal, movimientos de tierra, construcciones u otras intervenciones dentro de la propiedad investigada.

Las autoridades también solicitaron que el proceso penal quede anotado en el Registro Nacional sobre la finca concesionada, con el objetivo de advertir a terceros sobre la existencia de la investigación y reforzar la protección del área.

El caso está vinculado al proyecto turístico Bahía Papagayo, donde los investigadores analizan la posible comisión de delitos como cambio de uso del suelo en terrenos boscosos, incumplimiento de deberes, prevaricato y falsedad ideológica.

De acuerdo con la Fiscalía, informes técnicos y periciales incorporados al expediente apuntan a que la propiedad presenta características propias de un ecosistema boscoso protegido por la Ley Forestal, pese a que el permiso para la corta de árboles habría sido aprobado mediante la figura de inventario forestal.

Como parte de las diligencias, también se solicitó informar de la medida al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y otras instituciones relacionadas con la protección ambiental.

Mientras el juzgado resuelve la solicitud cautelar, el proyecto permanece bajo la lupa de las autoridades judiciales.